La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, soslayó ayer el escándalo que ha puesto contra las cuerdas al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuya dimisión reclaman desde el miércoles todos los partidos, salvo el PP, tras conocerse que en octubre de 2014 fue grabado en su propio despacho hablando con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, sobre cómo airear información comprometedora para políticos independentistas.
La "número dos" del Ejecutivo en funciones pidió "prudencia", porque "cuando uno se lanza a ver si a río revuelto, ganancia de pescadores, pasa lo que lo pasó ayer (por el jueves) a algunos dirigentes, incluido algún candidato a la presidencia, al que le acabaron sacando los colores porque también mantuvo reuniones con De Alfonso".
Sáenz de Santamaría aludía así, sin citarlo, al candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, con quién De Alfonso se reunió en 2013. Según el director de Antifraude, en ese encuentro Rivera le prometió todo el apoyo de su partido si, a cambio, le daba "alguna cosa". Según el presidente de C's, en la reunión él sólo le pidió a De Alfonso que trabajara con independencia contra la corrupción en Cataluña.
La vicepresidenta del Gobierno no quiso valorar si el contenido de las grabaciones puede perjudicar al PP; se limitó a decir que el hecho en sí de grabar clandestinamente al ministro es un acto "ilícito" que "a los ciudadanos les pesa": "Cuando se filtran unas grabaciones de hace dos años a cuatro días de las elecciones, claramente tienen una intencionalidad".
No obstante, Sáenz de Santamaría declinó hacer "cábalas" sobre cómo pudieron realizarse las grabaciones hasta que concluya la investigación abierta por el propio Ministerio del Interior. "Los procedimientos han de seguirse y respetarse. No se pueden lanzar campanas al vuelo sin saber quién es responsable. Pueden hacerse muchas cábalas, pero el Gobierno no puede hacer ninguna", sostuvo.
"En el fango"
Sin embargo, el candidato socialista al Congreso por Vizcaya, Patxi López, denunció que "no hay democracia que pueda aguantar tanta basura" como la que acumula un PP que "se arrastra en su propio fango" con casos como el de las escuchas a Fernández Díaz en su despacho.
Entre tanto, en Barcelona, el secretario general de Unió, Ramon Espadaler, negó haber "conocido o avalado" un plan para apartar a Artur Mas de la dirección de CDC y sustituirlo por Germà Gordó para frenar el proceso soberanista, tal como el jueves publicó el diario digital "Público". En esas conversaciones se escucha a De Alfonso decir al ministro de Interior: "Cuando yo hablo con Espadaler, dice que le parece buena idea". Todo lo contrario, argumentó ayer Espadaler: "Cuando CDC optó por la hoja de ruta y ERC, dejamos el Govern por coherencia".
Gordó también negó el jueves este extremo y ayer el cabeza de lista de CDC, Francesc Homs, dijo que se "fía" de sus palabras. Homs añadió que su partido es víctima de un "contubernio" entre el ministro y De Alfonso. En la misma línea, el exalcalde de Barcelona y portavoz del grupo CiU en el consistorio, Xavier Trias, reprochó a Fernández Díaz, que actúe al "estilo del viejo franquismo, de cuando los gobernadores civiles hacía lo que les parecía".
Sin orden judicial
Por otra parte, agentes de la Policía Judicial se personaron ayer por la tarde en la redacción de "Público" para pedir las grabaciones de las polémicas conversaciones destapadas por ese medio entre el ministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. El diario no se las entregó a falta de orden judicial.
