ANÁLISIS ECONÓMICO

¿Cuánto más cambiará el sistema de pensiones?

Los expertos coinciden en que las dos últimas reformas no garantizan la sostenibilidad de la Seguridad Social, líder del déficit en España por la caída de las cotizaciones por el empleo precario y el envejecimiento poblacional

23.06.2016 | 09:27

Ni el mejor economista del mundo, por muy extraordinarias que sean sus dotes adivinatorias, podría decirle a usted, si es trabajador en activo o aspira a serlo, a qué edad va a jubilarse y la cuantía de su retiro sin riesgo a quedarse corto en cualquiera de las dos cosas. Porque a eso parece que vamos. A trabajar más, durante más tiempo y para luego cobrar menos. La crisis se llevó por delante el hasta ahora intocable sistema público de pensiones en España con dos reformas muy seguidas de la mano de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y el actual en funciones de Rajoy. La primera, en 2011, situó la edad legal de jubilación en los 67 años a partir de 2027, con un aumento progresivo de los tiempos hasta entonces. La segunda gran modificación, en 2013, desvinculó la revisión de los pagos del Índice de Precios al Consumo (IPC) y, entre otras novedades más, implantó como sustituto el Factor de Revalorización -ahora la actualización se hace en función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, el paro, la productividad o la migración, lo que dejó un simbólico aumento del 0,25% en 2015 y este 2016-; y el Factor de Equidad Intergeneracional, que liga el montante de las prestaciones del futuro, sin efecto a las que se reciben en estos momentos, a la esperanza de vida -con una bajada del 5% cada diez años- bajo el argumento de que cobraremos durante más años.

Todo apunta, sin embargo, a que estas no serán las últimas transformaciones de un sistema en el que inciden de lleno dos de las grandes preocupaciones en la economía del país. De un lado, el progresivo envejecimiento. El cada vez mayor desequilibrio entre los que reciben una pensión (9,38 millones) y los que las abonan con sus cotizaciones (17,6). De otro, la precariedad laboral, que reduce el salario del empleado y también su contribución a la caja de la que salen las prestaciones. La falta de fondos ha provocado que la hucha de la Seguridad Social pasara de los prácticamente 67.000 millones de euros que atesoraba en 2011 a tan solo 32.500 a finales del pasado ejercicio. Un motivo más para encender el debate de su sostenibilidad.

"Aunque la crisis anticipó el problema, el grueso del mismo tiene que ver con la evolución demográfica y las características con las que hemos ido dotando al sistema: vivimos más, la relación población activa/población cubierta por el sistema, las condiciones de acceso y cuantía de las pensiones, etc. En un horizonte de 10-20 años, con la jubilación de las generaciones nacidas en los 60, el problema afloraría igual, aunque la situación del mercado laboral estuviera más regularizada", asegura Miguel Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de los Colexios de Economistas, que da por hecho que las reformas "no van a ser suficientes" porque lo conseguido hasta ahora, más que garantizar un sistema sostenible, lo que hizo fue "reducir desajustes".




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Las cuentas de la Seguridad Social tienen buena parte de la culpa de que España no cumpliera otra vez el límite de déficit en 2015. El mejor año hasta el momento en lo que va de crisis, con un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,2% y un incremento también ligeramente por encima del 3% en el número medio de cotizantes -531.360 más que en 2014-, dejó, sin embargo, un incremento de solo el 1,3% en las aportaciones de los trabajadores al sistema. La previsión oficial del Gobierno marcaba una subida del 6,8%. Los gastos de la Seguridad Social superaron en casi 17.000 millones a los ingresos -un ascenso anual de 3.000 millones- y el desequilibrio presupuestario alcanzó el 1,54% del PIB, el peor resultado de su historia.

Y eso que desde 2013 los 10.000 millones de las pensiones no contributivas se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado, a lo que se añade, como recuerda Vázquez Taín, la parte correspondiente a las pensiones de las clases pasivas, las de los funcionarios. "Cubrir el déficit actual, que creo que será estructural, unos 15.000 millones, en el plazo de 10 a 20 años sin cambios en el sistema pese a que mejore el mercado laboral supondrá unas necesidades de 15.000-20.000 millones de euros -explica el profesión de Economía Pública de la Universidad de Santiago de Compostela-. Para que seamos conscientes, eso es en este momento el 25% de lo recaudado por IVA. ¿Podremos incrementar por ejemplo este impuesto un 25%? Creo que no".

Ninguno de los principales partidos de la carrera del 26-J promete una reforma a fondo del sistema, que en este ejercicio dedica a las pensiones unos 135.500 millones de euros. Vázquez Taín apunta a la necesidad de un "mix" que combine nuevos ajustes en las condiciones, la mejora "en lo posible" del mercado laboral, la cobertura de parte de los desfases con impuestos "y explicar claramente y concienciar a los futuros pensionistas que las condiciones de sus pensiones desgraciadamente no serán las mismas que las generaciones actuales de pensionistas". ¿Jubilados pobres? "Si no pobre... no tendrá el nivel de cobertura que hay ahora", responde el profesor.

Según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en España a los jubilados reciben alrededor del 80% de su último sueldo. La media de la OCDE es menor al 53%. "El complemento a las pensiones futuras no solo tiene que ser mediante pensiones privadas. Hay más alternativas de ahorro como la vivienda u otras propiedades, pero lo que sí tengo claro es que si no queremos ver reducido nuestro nivel de vida en el momento de la jubilación, al que además llegaremos en unas condiciones físicas y de necesidades vitales iguales a las de la etapa anterior y durarán mucho tiempo, necesitamos reservar parte de nuestra riqueza actual para ese momento", insiste Miguel Vázquez Taín. Pero ahí empieza otro problema. ¿Cómo ahorrar cuando no llega ni para el día a día? "Es verdad que es muy complicado para mucha gente que ahora solo subsiste -admite-. Veremos qué puede hacer el sistema para ellos en el futuro".

Ellos, la población mayor, será mayoría si no llega un milagro que disipe el llamado invierno demográfico. Los residentes que superan los 65 años representan actualmente en España el 18,2% del total. En 2029, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), serán el 24,9% y el 39% en 2064. El alargamiento de la esperanza de vida al nacer, con cinco años más entre 1994 y 2014 -hasta los 80,1 años en el caso de los hombres y los 85,6 en las mujeres- es, como destaca Alberto Saco, sociólogo experto en demografía, "un gran éxito" de la sociedad, aunque empañado por la constante caída de la natalidad que impide reequilibrar la balanza. "Ese descenso tiene más que ver con unas expectativas muy altas en cuanto al desarrollo de la etapa familiar y sus satisfacciones y el contraste con la realidad, poco sensible al tema", cuenta el profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense de la Universidad de Vigo.

Detrás hay siempre "una decisión personal", pero "esta decisión se toma en unas determinadas circunstancias y en unas coordenadas culturales". "En realidad -enfatiza- decide aquel que puede hacerlo". Ahí entran las medidas de las administraciones que supuestamente buscan cambiar la tendencia demográfica, como ocurrió con el polémico cheque bebé de Rodríguez Zapatero, y la similar receta ahora de, por ejemplo, la Xunta. "De manera aislada, sin estar integradas en una batería de medidas más amplias -sostiene Alberto Saco-, solo puede suponer una alegría pasajera para los potenciales votantes". ¿La falta de relevo generacional es, pues, un reto? "Pues, la verdad es que tampoco hay a quien relevar porque cada vez sobra más mano de obra", advierte.

"La política cada vez tiene menos que decir sobre los problemas reales, ya que forma parte del propio problema, cuando no lo crea de forma artificiosa. El de la población es uno más", continúa Saco, defensor de decir "la verdad" a la gente. "Que no es sostenible un modelo de vida como el nuestro sin grandes desequilibrios poblacionales y económicos, con migraciones masivas, guerras por los recursos... Y eso que vivimos en las zonas más ricas del planeta -añade-. Nuestro problema va más allá de la política al uso: es un problema de civilización, de una civilización que se vuelve inviable día a día".

El enorme desequilibrio que se avecina en la pirámide de la población y en la relación entre cotizantes y jubilados -en Galicia son 949.180 trabajadores afiliados frente a 753.000 pensionistas- ha llevado a muchos expertos a coincidir en la irrenunciable apertura del país a la emigración. "Los inmigrantes nutren la base de la pirámide social", señala Saco, que suma la importancia también de cubrir "determinados nichos laborales", mientras "nosotros, en trabajos más cualificados, también tendremos que emigrar cada vez más a zonas donde se demande". "Para unos y otros -resume- creo que es deseable". Lo otro, según el experto en demografía, no es "una opción realista, dadas las circunstancias". "Otra cosa sería reducir los desequilibrios y desigualdades de la política para frenar la intensidad de los flujos migratorios", matiza, con la vista puesta en el Plan Marshall europeo para el norte de África. "Ya veremos en qué queda -afirma-. Hacer las cosas de otra manera, más sostenible, es posible, y en este caso, indispensable si queremos seguir viviendo en un planeta habitable para todos".

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