La firma auditora Deloitte ha alegado hoy ante el juez Fernando Andreu que validó los estados contables de la salida a Bolsa de Bankia siguiendo "en todo momento" las instrucciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tanto la firma como su socio auditor Francisco Celma, que han comparecido en calidad de investigados -antes imputados- por las irregularidades de los estados contables del debut bursátil de la entidad, han basado su defensa en sendas cartas fechadas en mayo de 2013 y abril de 2014.
En ellas, quedaría patente que los trabajos de auditoría y consultoría se realizaron a instancias de los supervisores, lo que daría un nuevo giro al caso, ha explicado el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular.
Herzog, que ha considerado "anómalo" que no sea la Fiscalía Anticorrupción la que lleve el peso de la investigación, ha reiterado la necesidad de que el actual subgobernador del Banco de España y en el momento de la salida a Bolsa vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, sea llamado a declarar como investigado.
El CIC ya ha pedido este mismo mes mediante un escrito en la Audiencia Nacional que declaren como investigados el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y el propio Restoy.
Deloitte ha manifestado que las provisiones especificas pendientes de asignación, el "colchón" de Bankia, eran más que suficientes para hacer frente a la salida a bolsa, en contra de lo que sostienen los peritos judiciales.
Además, ha negado que la auditoría incurriese en la falta de independencia que le achacan las acusaciones dado que cuentan con los mecanismos de control necesarios "para evitar la contaminación interna" y porque al contar con el respaldo de los organismos supervisores se tratarían de trabajos "de interés general".
Por todo ello han rechazado la versión de quienes les acusan de haber contribuido a la "estafa de Bankia" ya que el propio supervisor en ningún caso señaló tras su revisión contable la existencia de error alguno en las cuentas de la entidad de marzo o junio de 2011 que no hubiese sido detectado por los auditores.
Tanto Celma como Deloitte fueron imputados por el juez Andreu a instancias del movimiento "15MpaRato" y de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
En concreto, las agrupaciones basan su acusación en el informe de los peritos cedidos por el Banco de España, que reiteran que los estados financieros recogidos en el folleto de la salida a Bolsa informaron de unas provisiones para insolvencias de 6.913 millones que consideran falsas.
Los expertos también indican en su escrito que el trabajo elaborado por la firma "no era independiente" al haber participado en la preparación de una contabilidad que después auditó, como muestra la sanción del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a Deloitte por "infracción continuada muy grave", todavía pendiente de resolución.
