La defensa de la Infanta Cristina pidió ayer al tribunal que juzga el "caso Nóos" que la absuelva de las acusaciones y castigue a la única parte que actúa contra ella, el sindicato Manos Limpias, imponiéndole una multa por trivializar la acción penal.
En la presentación de las conclusiones de las defensas, durante la quincuagésima sexta sesión del juicio, en la que estuvieron presentes los 17 procesados, el abogado de la infanta Pau Molins acusó al pseudosindicato de empeñarse en un "mantenimiento obsesivo" de la acusación contra la hermana del Rey.
Apelando al artículo 247 de la ley de Enjuiciamiento Civil, Molins pidió a las tres juezas que impongan a Manos Limpias una sanción económica prevista para los casos de abuso de derecho y recordó que no sería la primera porque el Supremo ya condenó al sindicato por canalizar por la vía penal "situaciones absolutamente ajenas a la Justicia".
El letrado quiere "dar la vuelta a la tortilla" y que el tribunal condene además a Manos Limpias a pagar las costas procesales por "haber obrado con gravísima temeridad, abuso de derecho y mala fe procesal".
También los abogados de los dos principales acusados, Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres, pidieron al tribunal que los absuelva, al igual que los defensores de los cuatro ex altos cargos de la Comunitat Valenciana (Luis Lobón, exsecretario de Turismo; José Manuel Aguilar, exdirector de Cacsa; Jorge Vela, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, y Elisa Maldonado, responsable jurídica de Cacsa), del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y de la ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen.
El abogado de Urdangarín cree que "no se ha cometido ningún delito, nadie ha hecho nada malo", a pesar de que la Fiscalía reclama para su cliente una condena de 19,5 años de prisión y Manos Limpias solicita hasta 26,5.
También el defensor de Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, ha pedido una sentencia absolutoria para ambos y que las acusaciones sean condenadas a pagar los costes del juicio.
En la llamada trama balear, el expresidente del Govern y ex ministro Jaume Matas solicitó al tribunal que le imponga una multa de 45.000 euros, tras admitir dos delitos de prevaricación en concurso con fraude al ordenar la contratación de Urdangarín.
Discrepa de la petición de condena de 5 años de cárcel que planteó la Fiscalía porque no admite haber cometido malversación y niega que impartiera la orden al ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester de pagar a Urdangarín 300.000 euros por la oficina de seguimiento del equipo ciclista Illes Baleares.
Las defensas de los demás ex altos cargos de Baleares (Ballester, el ex director de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; el exdirector de Ibatur Juan Carlos Alía, y el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet), que admitieron las irregularidades cuando declararon ante el tribunal, concuerdan con las peticiones de condena del fiscal, de entre 1 y 2 años de cárcel sustituibles por multas.
