La juez Mercedes Alaya pensará hoy, desde su nueva plaza en la Audiencia de Sevilla, que cuanta razón tenía. Apartada desde hace un año del mayor caso de corrupción con fondos públicos cometido en España -acumula casi 270 imputados y más de 117.000 folios de sumario-, recibió el pasado miércoles la noticia del procesamiento de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán con la misma frialdad con la que instruyó esta macrocausa desde que el 19 de enero de 2011 incoó las diligencias previas 174/2011, más conocidas como el "caso ERE".
Cinco años después el resultado de esta investigación judicial es demoledor: dimisión y procesamiento de dos presidentes de la Junta de Andalucía, de seis exconsejeros y de otros 16 ex altos cargos de la Junta en lo que se ha convertido en toda una enmienda judicial y política a la gestión de una década de gobiernos socialistas en Andalucía.
La magistrada tuvo claro desde el principio cuál era el objetivo de su instrucción: el corazón del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía. Así, desde enero de 2011 paseo su famoso maletín cargado de imputaciones desde abajo hacia arriba hasta alcanzar la cúpula del gobierno socialista y se mantuvo firme en una compleja y polémica instrucción para desmarañar este monumental fraude.
Durante estos cinco años de instrucción, Alaya, una juez incansable, fría, distante y muy directa en los duros interrogatorios que sometía a los acusados, fue tejiendo una tela de araña para reforzar una sola idea: su convencimiento de que el Gobierno andaluz ideó y se confabuló durante una década para crear un sistema de financiación que escapara de todo control con el fin de repartir el dinero, unos 885 millones de euros, de forma arbitraria, con el exclusivo fin de burlar los controles de la intervención para favorecer a determinadas empresas, personas e incluso ayuntamientos.
Sobre esta tesis fue tejiendo esa tela de araña a golpe de autos judiciales -la mayoría coincidentes con periodos electorales o cambios en los gobiernos de la Junta- para alcanzar las figuras claves de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tuvieron que dimitir como presidentes, buscar el refugio del aforamiento en el Congreso y en el Senado lejos de los tentáculos de la magistrada sevillana y que el pasado miércoles acabaron procesados en un duro auto judicial por los delitos de prevaricación administrativa y otro de malversación, aunque esta última imputación solo afecta a Griñán. Junto a ellos, el juez Álvaro Martín procesa en la "pieza política de los ERE" a seis exconsejeros.
Todo empieza en los años noventa, cuando Andalucía sufría sucesivas crisis industriales en empresas como Astilleros, Puleva, Santana, Cervezas Alhambra, Intelhorce..., que dejaron a miles de trabajadores en las calles. El PSOE, que teñía de rojo el mapa de las ocho provincias andaluzas, empezó a tener problemas y desgaste por los conflictos laborales. Las visitas del presidente Chaves siempre estaban acompañadas por actos reivindicativos que minaban la incontestable hegemonía socialista en Andalucía.
2001, nace el fondo de reptiles
El gobierno de Chaves decidió poner en marcha el llamado fondo de los ERE, la famosa partida 31L más conocida como el "fondo de reptiles", que nace en 2001 con el fin de garantizar la paz social en la comunidad y permitir a la Junta de Andalucía contar con una herramienta para actuar de forma rápida ante conflictos laborales. Para ejecutar esta decisión política, la Consejería de Empleo apostó por utilizar un procedimiento administrativo (la transferencia de financiación) que proporcionaba esa celeridad en el pago de ayudas, prejubilaciones..., pero en su contra jugaba que esta partida escapaba de cualquier control y los fondos públicos se podían usar con la discrecionalidad que se quisiera y sin más explicaciones, lo que no dejaba de ser una invitación a posibles fraudes y a la corrupción.
La Junta de Andalucía había puesto en marcha un monstruo administrativo para pagar los ERE y la falta de control durante una década propicio que se repartieran de forma discrecional o arbitraria más de 885 millones de euros durante toda una década, según los investigadores.
Ante tan suculento pastel empezaron a revolotear los actores secundarios de esta trama de corrupción con fondos públicos. El primero fue Javier Guerrero, ex director general de Trabajo durante nueve años y principal imputado en el caso, que repartió como quiso este pastel millonario durante la primera década del siglo XXI con el consentimiento o la pasividad de los exconsejeros José Antonio Vera y Antonio Fernández. Luego llegaron los comisionistas, sindicalistas, cargos socialistas, intermediarios, familiares, aseguradoras..., hasta sumar durante los cinco años de instrucción a 270 personas imputadas en la causa.
Por el camino, según la investigación, se ha quedado un fraude a las arcas públicas de unos 152 millones euros que fueron a parar a bolsillos equivocados. Se cifró en unos 66 millones los pagados por sobrecomisiones, a los que habría que sumar unos 73,8 millones por ayudas a empresas que no reunían las condiciones para acogerse a un ERE y algo más de 12 millones de euros que fueron a parar a los denominados intrusos, es decir, personas que cobraron prejubilaciones de empresas para las que nunca habían trabajado.
Vertiente política
Durante los cinco años de instrucción han sido innumerables los encontronazos entre los gobiernos de Chaves y Griñán, el PSOE y la juez Alaya, a la que acusaban sin reparos de realizar una causa general contra el Ejecutivo andaluz. Pero tantos los informes de la Guardia Civil como los autos judiciales dejaban claro que se había destapado un saqueo de las arcas públicas andaluzas y que esos fondos fueron a parar a los bolsillos de ex directores generales de la Junta, empresarios, sindicalistas, consultoras, mediadores y demás aves de rapiña que olfatearon el dinero fácil sin ningún tipo de control o fiscalización.
Es aquí donde anida el meollo del del caso en su vertiente política: la total ausencia de controles y fiscalización de partidas millonarias pese a las innumerables advertencias de la Intervención General del Estado y de la Junta, del despacho Garrigues o de la auditora Price-Waterhouse, amén del silencio o la pasividad los responsables de las consejerías afectadas.
2012 fue un año clave en la instrucción del sumario de los ERE. Con Chaves fuera de la presidencia de la Junta desde 2009 y Griñán al frente del Ejecutivo andaluz, la juez deja de centrarse en el destino de los fondos y se centra en la vertiente política del caso. Emitió un polémico auto en el que imputaba de una tacada a casi todo el consejo de gobierno y exconsejeros e incidía en la necesidad de dar un "paso cualitativo" en su investigación para girar las pesquisas hacia los cargos públicos que supuestamente respaldaron un procedimiento administrativo que consideraba ilegal.
El aumento de la presión judicial sobre el gobierno socialista tuvo su repercusión en las elecciones de marzo de 2012, donde el PP gana por primera vez unas elecciones en Andalucía pero Javier Arenas no logra gobernar. Griñán había salvado los muebles, pero un mes después un nuevo auto judicial envía a prisión a un exconsejero de Empleo y la juez responsabiliza a sus superiores (sin dar nombres) de idear este sistema de ayudas. Griñán entiende que el cerco se estrechaba y en julio de 2015 anuncia que dejará la presidencia de la Junta en agosto y construye un cortafuegos con la idea de dar paso a un relevo generacional con Susana Díaz y otros cargos socialistas que no tuvieran relación alguna de gestión con el caso de los ERE.
Con Chaves y Griñán refugiados en el aforamiento de sus escaños del Congreso y en el Senado, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro compartió la tesis de Alaya de que los expresidentes habían cometido un delito de prevaricación pero descartaba la malversación. Ahí acabó la carrera política de Chaves y Griñán, que renunciaron a sus actas y en cuestión de meses pasaron de ser incluso presidentes del PSOE a dos simples jubilados que esperaban con cierto abandono de su propio partido el auto de procesamiento que se hizo público el pasado miércoles.
En un auto demoledor, el juez Álvaro Martín desmonta la defensa de que "esto era cosa de cuatro golfos", y acusa a Chaves solo de prevaricación pero a Griñán y a otros ex altos cargos les imputa el delito de malversación, que implica penas de cárcel. El juez desmonta todas las tesis de sus defensas de que ellos no sabían nada y les acusa de conocer los informes de la Intervención General de la Junta que advertían de que desde la Consejería de Empleo se estaba otorgando "ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo".
A la espera de los recursos y de la fecha de apertura del juicio oral, la red que tejió Alaya dará con dos expresidentes de la Junta en el banquillo de los acusados y desde el PSOE andaluz se agarran ahora en la honradez de Chaves y Griñán, argumentando que en este caso de los ERE a diferencia de otras operaciones que salpican al PP como Púnica o Gürtel, ninguno de los dos ha sido imputado por enriquecimiento personal, por llevarse en maletines el dinero.
El auto, además de las imputaciones, contiene toda una impugnación a una forma de hacer política durante una década y se produce precisamente en vísperas de una campaña electoral decisiva para el futuro del socialismo, lo que provocó que el candidato Pedro Sánchez no defendiera a los imputados y saliera al paso con unas declaraciones que han indignado al socialismo andaluz. El "yo soy un político limpio" que dijo Sánchez ha quedado anotado en la federación andaluza para la noche electoral.
