Los servicios jurídicos del Consejo de la UE han dado la razón a las reticencias expresadas esta semana por Alemania y otros países sobre la concesión a España y Portugal de una prórroga de un año para que reduzcan su déficit público por debajo del tres por ciento del PIB. La prórroga también provocó las críticas del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que este semestre preside además el Ecofin.
Los juristas del Consejo de la UE -organismo que agrupa a los diferentes consejos de ministros sectoriales, como el Ecofin, y que no debe confundirse con el Consejo Europeo, integrado por los jefes de Gobierno- consideran que la decisión de otorgar una prórroga debe tomarse en el marco de un procedimiento por déficit excesivo, lo que obliga a pronunciarse también sobre una eventual multa de 2.000 millones (0,2% del PIB) por el desvío de las cuentas españolas en 2015, ejercicio que finalizó con un déficit del 5,1% en lugar del 4,2% exigido.
El pasado 18 de mayo, la Comisión Europea, presidida por el conservador luxemburgués Jean-Claude Juncker, aplazó hasta principios de julio la decisión sobre la puesta en marcha del mecanismo de sanciones a España, alegando que "no es el momento político ni económico". A la vez, recomendó que el Ecofin aprobase en su reunión del próximo día 17, una prórroga de un año, hasta 2017, para cumplir con el objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3%.
Esta doble iniciativa del presidente de la Comisión fue interpretada como un capote al Gobierno del PP ante las elecciones del próximo 26-J, a las que el partido de Rajoy podría acudir con la prórroga concedida pero sin que se le hubiese impuesto ninguna multa.
La réplica del Gobierno llegó por boca de la vicepresidenta Santamaría, quien sostuvo que la concesión de la prórroga no está en cuestión, ya que, añadió, el debate abierto por el servicio jurídico del Consejo de la UE responde a dudas que calificó de "mero procedimiento".
