El Congreso de los Diputados formalizó ayer ante el Tribunal Constitucional su conflicto de atribuciones con el Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy por su rechazo a someterse al control parlamentario, según avanzaron ayer fuentes de la Cámara.
El pasado 10 de mayo, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano activo entre legislaturas, facultó a los servicios jurídicos de la Cámara para empezar a redactar esa denuncia, que servirá para que el Alto Tribunal siente criterio sobre este crucial asunto para el futuro.
Días antes, en concreto el 6 de mayo, el Gobierno ya se había ratificado en su negativa a someterse al control parlamentario, en respuesta al requerimiento que le había hecho el Congreso.
En su escrito de ratificación, el Ejecutivo en funciones insistía en que "no puede ser sometido a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre el Gobierno y el Congreso", ya que no fue el anterior Congreso quien le dio lo invistió.
