La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sostenido que había "alerta suficiente" para mantener la paralización de la convocatoria de los cursos de formación, con el fin de "verificarlos" y garantizar que no había "fugas".

En su comparecencia ante la comisión de los cursos de formación, con la que se ha cerrado hoy la primera fase de declaraciones, Díaz ha querido aclarar que ella no los paralizó cuando accedió a la Presidencia de la Junta, sino que "mantuvo" la paralización porque, como dijo el 8 de octubre de 2013, ante las "sospechas" había que dar "garantía" de que "ni un sólo euro se gestionaba mal".

Ha admitido lo "contundente" de esta decisión, pero ha argumentado que las posiciones "tibias" pueden no ser "suficientes" cuando no se conoce si el procedimiento tenía o no "fugas", aunque ha subrayado que el dinero no gastado de las convocatorias paralizadas "no se ha perdido, está en las arcas públicas".

"No sé qué irregularidades han ocurrido", ha respondido cuando Podemos le ha preguntado al respecto y ha recordado que llegaron las "alertas" a la Junta y remitió los informes de la Cámara de Cuentas y de la Intervención a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas.

"Que caiga todo el peso de la ley sobre quien lo haya hecho mal", ha respondido en otro momento a Ciudadanos, a quien ha recomendado que si tiene algún indicio de "amiguismo o actuación partidaria" se dirija a un juzgado.

En su intervención, ha reprochado al Gobierno central que no hubiese "paralizado" el sistema de la formación después de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dijera en el Congreso que se habían puesto de manifiesto "debilidades y deficiencias" en el sistema a nivel nacional.

"La ministra habló de deficiencias en el sistema", ha precisado Díaz, que ha apostillado que no lo ha sacado a colación "a título de excusa", aunque ha subrayado: "Eché de menos una reunión en el Ministerio" para analizar si las deficiencias eran las mismas en todo el Estado.

El momento más tenso de la comparecencia se ha producido cuando la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha preguntado a Díaz si su situación familiar ha influido para que determinados expedientes de los cursos estén todavía sin justificar.

Ruiz Sillero se refería a la supuesta participación en los cursos de formación de la Junta de José María Moriche, marido de Díaz, que trabajó como auxiliar administrativo en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), un centro de UGT encargado de impartir cursos de formación y del que Moriche recibió nóminas en concepto de "preparación y tutoría para cursos".

Visiblemente enojada por lo que ha considerado "insidias", Díaz ha reprochado a la popular que "no tuviera la gallardía y el valor" de afirmar "lo que no se atreve a decir", tras lo que Ruiz Sillero se ha remitido a un expediente de la formación, del que ha dicho que lleva siete años "sin ser revisado" y en el que se "imputa" la nomina de Moriche a los gastos de los cursos "en concepto de tutorías y formación".

Díaz también ha negado que el PSOE se haya financiado a través de los convenios suscritos con la UGT-A por los que compartieron sedes y, en algunos casos, la central sindical impartió cursos.

Ha confirmado, por otra parte, que la Junta ha solicitado reintegro firme por valor de 90 millones de euros en los 2.547 expedientes verificados de los cursos de formación desde 2002 a 2012, y ha desvelado que un millón de euros ya han sido abonados, mientras que otros dos millones de euros están en fase "ejecutiva".

Después de que IU lamentara la ausencia de un "relato convincente" sobre lo ocurrido y que Díaz no admitiera ningún error de la Junta, como en el caso de los ERE, ésta ha dicho que sí lo hay y que se alegra de que "ya no se hable de una gran conspiración para el fraude".

Sobre las exceptuaciones de las justificaciones de las ayudas, ha opinado que forma parte del régimen "garantista" y aunque ha recordado que ella no ha utilizado dicho procedimiento, entre otras cosas porque los cursos están paralizados, ha recordado que es "perfectamente legal".

Respecto a la nueva orden de regulación de las convocatorias de los cursos, que previsiblemente verá la luz esta semana, ha explicado que introducirá, entre otras novedades, que no podrán acceder a las ayudas las entidades "condenadas por corrupción".

En su alocución final, ha remarcado las "diferencias" con otras comunidades autónomas y ha apostillado: "Si somos leales en las conclusiones, vamos a dar ejemplo para muchos territorios donde no se ha querido investigar", tras lo que ha asegurado que va a estar "muy pendiente" de las recomendaciones de la comisión.

Ha hecho además un "reconocimiento" a la labor de los empleados públicos "empezando por los interventores" tras lamentar lo que han "aguantado" estos meses.

"No había ninguna gran conspiración para diseñar un método que permitiese el fraude, sería imposible", ha sentenciado Díaz, que ha dicho que la "lección" que se lleva hoy es que se necesitan "más recursos" humanos si se quiere "ser más garantistas".