El exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CDC) será investigado por la Fiscalía después de revelar que el Ayuntamiento pagó durante un año el alquiler de un centro social okupado desde 2011 y cuyo desalojo, este lunes, ha desatado tres noches consecutivas de disturbios en el barrio de Gracia.

Trias confesó ayer sin ambages que durante su mandato (2011-2015) el Consistorio había pagado 65.000 euros a la inmobiliaria que compró el local de la antigua sucursal bancaria -conocida como el "banco expropiado"- después de que Caixa Catalunya la cerrara y los activistas la tomaran.

Se trata de averiguar si Trias incurrió en un delito de malversación al ordenar que el municipio pagara el alquiler de la finca desde finales de 2014 hasta que el nuevo equipo de gobierno, presidido por Ada Colau, dejó de hacerlo.

Trias firmó un contrato de arrendamiento de un año con la inmobiliaria propietaria, Antartic Vintage S. L., para evitar el desalojo del local y "los eventuales incidentes que pudieran producirse".

Los incidentes que, finalmente, se produjeron la noche del lunes y continuaron las del martes y el miércoles. Ya el lunes Colau advirtió que el pago del alquiler por parte de Trias había sido una "mala utilización de dinero público" y criticó que se hiciera "a escondidas".

Tras la operación de desalojo, los okupas del "banco expropiado" avisaron a través de las redes sociales de que iban a convertirse en "la peor pesadilla" para Colau, que mantiene que antes del desahucio les había ofrecido un espacio alternativo en el que instalarse.

Trias se defendió de las acusaciones de Colau y sostuvo que su decisión fue "ajustada a derecho", "en respuesta al interés general de la ciudad" y "para ganar tiempo para buscar una solución que no llevara a esta situación de violencia de estos días. Todo lo que está pasando nos está dando la razón".

Los activistas preparaban ayer una cacerolada para seguir protestando por la clausura del centro social, después de que la noche del miércoles, tercera de disturbios, acabara con un detenido y 11 heridos, seis policías y cinco manifestantes, además de 14.500 euros en daños a contenedores y otros elementos de mobiliario urbano.

Colau consideró "injusto e indefendible" que se hagan destrozos, pues "la violencia nunca es la solución". Propuso que sean las asociaciones vecinales las que negocien con los okupas. Y después de que la CUP le pidiera que se pronunciara "contra de la violencia policial", llamó a los Mossos a la prudencia "para evitar una escalada de violencia". El PP tachó de "inadmisible" que en tres días de disturbios solo se haya detenido a una persona y denunció que los Mossos han recibido instrucciones para que sean permisivos.