El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado para este lunes al representante legal del Partido Popular (PP) para comunicarle el requerimiento de que la formación debe asumir la fianza civil, que alcanzó los 1,2 millones de euros, después de que no haya sido cubierta en su totalidad por los responsables directos de la causa en la que se investiga la financiación con 'cajas B', "desde 1990 hasta, al menos, el año 2008".

El juzgado ha dictado una diligencia en la que asegura que las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil han resultado "aseguradas parcialmente" aseguradas y recuerda que fueron solicitadas a los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez.

De la Mata ha ordenado hoy al PP abonar esta cantidad al comprobar que no han sido satisfechas la totalidad de las fianzas reclamadas como responsables civiles directos a los principales acusados -los extesoreros del PP Luis Bárcenas (8,9 millones de euros), Álvaro Lapuerta (8,9) y Cristóbal Páez (7,4)- y tampoco lo ha hecho el despacho de arquitectos Unifica, el que reformó la sede del PP en la calle Génova y que debía pagar 577.249 euros.

Los ex tesoreros Bárcena sy Lapuerta y el ex gerente del PP, Cristóbal Páez. Fotos: EFE

"No alcanzándose a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas a los acusados y responsables civiles directos antedichos, procede requerir al Partido Popular, en su condición de responsable civil subsidiario, en la persona de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el auto de apertura de juicio oral", explica.

Ese auto, daba diez días a los responsables civiles subsidiarios para cubrir la caución de 1,2 millones de euros, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución. Esta cantidad obedecía a las cantidades defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares.

De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con 'cajas B', que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".

Así constaba en el auto del pasado mayo en el que abría juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.

De esta manera, según han indicado fuentes jurídicas, el PP tendrá que pagar los 1,2 millones de euros que el juez había fijado como fianza solidaria en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas, ya que lo que han dejado de pagar los acusados iguala o supera esa cantidad.

Cantidades que no ingresó ante Hacienda

La fianza de 1.245.154 euros al PP se basa en los 220.167 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y en el millón de euros que no pagó por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.

El juez De la Mata acordó estas fianzas en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas que dictó en mayo de 2015. Según decía el juez en ese auto, el PP pagó con fondos procedentes del circuito opaco de donativos la reforma de su sede y consta que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008, por lo que dejó de declarar "el importe conjunto de las donaciones recibidas por la formación política".

Parte de esas donaciones las habría destinado "al pago parcial de la cantidad de 888.000 euros con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por Unifica al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial".