David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, declaró ante el juez que su socio Francisco Granados llegó a negociar "incluso" con la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, una recalificación de un terreno para hacer un "macroproyecto de chalés de lujo y campos de golf". Las declaraciones de Marjaliza, hechas en noviembre pasado ante al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, trascienden ahora al levantarse el secreto del sumario.
El empresario manifiesta que el entonces consejero autonómico Francisco Granados y su sucesor en la Alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, tuvieron conversaciones para recalificar los terrenos, en los que la Comunidad de Madrid pretendía hacer un "macroproyecto de chalés de lujo y campos de golf". Entre las empresas que iban a participar en ese plan estaba OHL y Obrum, en cuyo consejo se sentaba Marjaliza.
El proyecto aprobado en 2004 fue paralizado al final por un juzgado de Madrid, decisión ratificada por el Tribunal Supremo, que enterró los cambios urbanísticos, que afectaban a 600 hectáreas de terreno. Marjaliza admite ante la fiscal del caso que sabía que el proyecto se había frenado, aunque lo achacó a motivos políticos. El sumario refleja que a la pregunta de si Granados y Moreno Torres hablaron con alguien más de ese proyecto contesta con contundencia que "seguro que sí". "Incluso hasta con Esperanza Aguirre", zanja Marjaliza.
La que fuera presidenta de la comunidad de Madrid, ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, manifestó ayer que esas declaraciones del presunto cerebro de la trama Púnica le producen "bochorno, vergüenza e indignación".
La actual la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, restó por su parte valor a las declaraciones en las que Marjaliza incrimina en el caso al consejero Jaime González Taboada. El cerebro de la "Púnica" declaró al juez que el "número tres" de Cifuentes percibió comisiones ilegales y "mangoneaba" con las ayudas del programa de inversiones Prisma en su etapa de director general autonómico. La presidenta respalda a González Taboada con el aviso de que lo destituirá si se le cita como investigado.
En otra declaración ante el juez Eloy Velasco, el que fuera "número tres" de la ministra Soraya Sáenz de Santamaría, el exsubsecretario de Presidencia Federico Ramos, vinculó al exministro de Agricultura y actual comisario europeo, Miguel Arias Cañete, con el principal investigado por el "caso Acuamed". Ramos asegura que Arias Cañete, eligió a Arcadio Mateo para dirigir Acuamed pese a que carecía de experiencia en la administración y ni siquiera tenía una cualificación técnica como ingeniero. El juez investiga un presunto fraude de unos 25 millones de euros en la concesión de contratos públicos por parte de Acuamed a empresas a cambio de comisiones. Ramos quedó relacionado con la causa después de que varios exempleados le atribuyeran el pacto de una "compensación indebida" de 40 millones de euros a una constructora, que luego se consignó en los presupuestos de 2015.
