La condena del Tribunal de Cuentas al pago de casi 400.000 euros, por el alquiler de unas oficinas cuando formaban parte del equipo de gobierno de Vitoria, ha colocado al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, en el centro de del debate político. Patxi López, presidente del Congreso y cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Vizcaya, Patxi López, invitó ayer a ambos a seguir el camino que le mostraron a la exalcadesa de Valencia, Rita Barberá, cuando fue imputada en un presunto caso de blanqueo y le sugirieron que dimitiera. Maroto se defendió asegurando que "no se ha hablado nunca de corrupción. Ni siquiera de algo ilícito o penal" y que el de Cuentas "no es un tribunal penal ni es la justicia ordinaria".
El alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran (PNV), calificó ayer la sentencia de "demoledora" después de que la junta de gobierno local acordara impugnar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal de Cuentas anunciada por el PP. Urtaran destaca que la resolución condena por "negligencia grave" al ministro de Sanidad y a Maroto y que el equipo de gobierno del que formaban parte ambos ocasionó un daño a las arcas municipales por un contrato que contravenía las recomendaciones de los técnicos del Ayuntamiento, al exceder el precio idóneo.
"Lo curioso es escuchar a Maroto pedir la dimisión de Rita Barberá y otros implicados en casos de corrupción y cuando le toca a él no asumir ningún tipo de responsabilidad", manifestó ayer Patxi López en Bilbao en un acto preelectoral.
No hay corrupción
El PP sostuvo, en cambio, que no se trata de un caso de corrupción sino administrativo y que el único interés de quienes "tergiversan" la naturaleza de ese asunto es "erosionar y desgastar" a los populares. Javier Maroto fue más contundente y reprochó al alcalde de Vitoria su "difamación". Sobre la sentencia, el vicesecretario sectorial del PP asegura respetar esta "resolución desfavorable de la consejera nombrada en ese tribunal a propuesta de IU" y matiza que el origen es "un expediente administrativo en el que se discute por el precio al que fue alquilado un local" para unas oficinas municipales. "Estamos discutiendo si el precio debe ser 10 euros el metro cuadrado o 12. Tomamos la decisión que los técnicos nos recomendaron y siempre hemos defendido su profesionalidad", subrayó.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostró ayer convencido de que la corrupción "es un fenómeno muy limitado". Los casos que afloraron en los últimos tiempos son del pasado, según el ministro, para quien estas situaciones diminuirán en el futuro.
