La Fiscalía Anticorrupción pide 11 años de prisión para el expresidente del Parlamento valenciano Juan Cotino por beneficiar a la trama Gürtel con la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006. En su escrito, el Ministerio Público acusa al también exdirector general de la Policía de trabajar "activamente" para que la contratación de las pantallas y la megafonía recayeran en empresas de la red de corrupción liderada por Francisco Correa.
La Fiscalía solicita que se abra juicio oral a Cotino y a otras 22 personas y pide la máxima pena (40 años) para el exdirector de la televisión pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno por los mismos hechos, así como 38 para Correa y uno menos para Pablo Crespo y Álvaro Pérez. "Pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia, ni formar parte de sus competencias como consejero", Cotino "impulsaba activamente y gestionaba 'de facto' la contratación" de las pantallas y la megafonía usadas para cubrir la visita papal, dice el fiscal.
"El mecanismo ideado y utilizado por los acusados para que RTVV, fuera de su labor informativa y de retransmisión del evento, asumiera formalmente este gasto", que supuso "un ilícito desembolso de 7.493.600 euros" y permitió "el enriquecimiento" de los cabecillas de la red, fue un convenio entre la RTVV y la Fundación V Encuentro.
Entre tanto, el juez Eloy Velasco levantó el secreto que pesaba sobre todas las piezas en las que investiga la trama de corrupción liderada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio, el empresario David Marjaliza, la trama Púnica. Todas menos la número 14 sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño, en la que están imputados el exgerente de la formación regional Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid.
TV valenciana
Esto permitió también sustraer fondos de la televisión valenciana por un total de 99.761 euros "por servicios que nunca fueron prestados".
Por todo, la Fiscalía considera que Cotino y los responsables de la RTVV incurrieron en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y cohecho; mientras que a los integrantes del grupo Correa les considera también responsables de los delitos de asociación ilícita.
