El Tribunal de Cuentas condenó ayer al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, así como al resto del equipo del gobierno del Ayuntamiento de Vitoria en 2007, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas municipales, al firmar un contrato público para el alquiler de unas oficinas con un empresario, Gonzalo Antón, a un precio considerado muy superior al de mercado.
Entre todos los inculpados, que incurrieron en "responsabilidad contable", deberán hacer frente al pago de los casi 400.000 euros en los que el órgano fiscalizador cifra el quebranto económico causado al Ayuntamiento de la capital alavesa.
El Partido Popular aseguró a "Europa Press" que recurrirá la decisión.
El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7.
El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000.
Además, según concluyó la comisión de investigación municipal abierta en su día para esclarecer este asunto, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas del Ayuntamiento, caso de la cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.
El Tribunal de Cuentas estima así parcialmente las demandas formuladas por el actual equipo de gobierno de Vitoria, en manos del PNV, y los representantes del PSE-EE.
El órgano fiscalizador cifra en 393.072,31 euros el perjuicio causado al Ayuntamiento, y declara "responsable contable directo" de dicho quebranto a Maroto, Alonso, Miguel Ángel Echevarría, Encina Serrano, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Alfredo Iturricha, Marian Castellanos e Idoia Garmendia, todos ellos miembros del Gobierno municipal del PP que firmó el contrato en 2007.
El Tribunal de Cuentas condena a todos ellos como "responsables directos y solidarios de los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria" al pago de los 393.072,31 euros en los que se ha cifrado el quebranto a las arcas públicas.
No obstante, el tribunal absuelve a Maroto y a los dos concejales de Hacienda que le sucedieron en el cargo, Marian Gutiérrez (PSE-EE) y Manuel Uriarte (PP), de la responsabilidad contable "por alcance" formalizada contra ellos por "incorrecta actualización de renta" en los años 2009, 2012 y 2013.
