El Congreso puso ayer en marcha el proceso para plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC) por el rechazo del Gobierno en funciones a someterse al control ordinario de las Cámaras elegidas en las elecciones del pasado 20 de diciembre.
La Mesa de la Diputación Permanente facultó a los servicios jurídicos del Congreso para que empiecen a redactar el recurso, que se espera tener terminado dentro de dos semanas. Además comunicó formalmente tanto al TC como al Senado la intención de denunciar al Gobierno.
El pasado 6 de abril, el Pleno del Congreso autorizó a su presidente, Patxi López, a presentar el conflicto de atribuciones y dio un mes de plazo al Ejecutivo en funciones para hacer alegaciones.
Pero el pasado viernes el Gobierno de Mariano Rajoy se ratificó de nuevo en su negativa a someterse al control parlamentario. En su escrito, el Ejecutivo insiste en que "no se puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control, dado que no existe una relación de confianza entre este y el Congreso". Un Gobierno -prosigue- solo "responde solidariamente" ante la Cámara que le ha dado su confianza mediante la investidura porque, al estar en funciones, carece de capacidad para fijar la orientación política, que es justo lo que pretende un Parlamento al controlar a un Ejecutivo.
Ese escrito era el último trámite que le faltaba al Congreso para poner en marcha el recurso.
Por otra parte, la Mesa de la Diputación Permanente certificó la caducidad del grueso de las iniciativas parlamentarias registradas en la recién terminada XI legislatura y constató que solo quedarán "vivas" para la siguiente las procedentes de otras instituciones y la sociedad civil.
En esa legislatura, el Congreso de los Diputados abonó facturas por viajes internacionales de los diputados por más de 488.000 euros en los primeros cuatro meses del año, con destinos como Tokio, Montevideo o Ulan Bator, la capital de Mongolia.
