El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol también obtuvo una peculiar versión del célebre "tres por ciento" en los años 89 y 90 a través de los sueldos de funcionarios de empresas públicas de la Generalitat, según declaraciones a la Policía de un exdirectivo del banco Natwest Mark de las que ayer se hizo eco el diario "El País".

El testigo -que declaró ante la Policía por orden del titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata- denunció que en la época referida, Natwest Mark -luego absorbido por el Banco de Sabadell- gestionaba las nóminas de los empleados de empresas públicas de la Generalitat como el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y Ferrocarriles de la Generalitat (FGC).

La entidad bancaria mantenía en su poder "durante un largo periodo de tiempo", sostiene el testigo, el porcentaje de las nóminas correspondiente a las retenciones sobre el IRPF y a los pagos a la Seguridad Social. Ese dinero era invertido por Natwest Mark en productos financieros a través de los mercados de capitales. De los beneficios obtenidos se pagaba un 3%, en concepto de sobresueldo a altos cargos de la administración autonómica catalana y, en primer lugar, al presidente Pujol. En su declaración ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el testigo califica el porcentaje ingresado a los políticos beneficiados como "saldo ocioso".

En 1987, aseguró el exbancario a la Policía, un exgerente de Incasòl le pidió que se le abonasen los saldos en efectivo, a lo que el testigo accedió tras las consultas pertinentes, pero exigió un recibo que el alto cargo firmó con evidente malestar.

Preguntado por los agentes de la UDEF, el testigo dudó que ese recibí siga existiendo, dado el tiempo que ha transcurrido desde las operaciones denunciadas. El exdirectivo añadió que el mismo tipo de liquidaciones se hacía con FGC a través de quien por entonces era su director financiero. El diario recuerda que, en 2012, antiguos máximos responsables de esa empresa pública fueron condenados por haber repartido entre directivos 2,7 millones de euros de un plan de pensiones contratado de forma ilegal.

El testigo explicó que llegó a conocer a dónde iba a parar el dinero de los pagos en efectivo gracias a una extesorera de Incasòl. Ella fue quien le relató que con una parte del dinero se pagaban sobresueldos a altos cargos afines a CiU, que en esos momentos controlaba el Gobierno de la Generalitat.

Otra parte, la destinada a la familia Pujol, se llevaba en maletas al despacho barcelonés de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente. Pujol está imputado, al igual que buena parte de su familia, por blanqueo de capitales y fraude fiscal. La Audiencia Nacional investiga tanto el origen de la fortuna que la familia ocultó en Andorra como los negocios del primogénito de Pujol con empresas que se beneficiaron de adjudicaciones de la Generalitat.