Gobierno en funciones

El Congreso inicia el trámite para llevar al Gobierno ante el Constitucional

El recurso contra el Ejecutivo por negarse a ser sometido al control parlamentario podría estar listo en dos semanas

10.05.2016 | 16:47

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha habilitado este martes a los servicios jurídicos de la Cámara baja para que interpongan ante el Tribunal Constitucional (TC) el conflicto de atribuciones contra el Gobierno en funciones por negarse a ser sometido al control parlamentario.

Según han informado fuentes de la Presidencia del Congreso, el recurso que van a elaborar los letrados de las Cortes podría estar listo en unas dos semanas antes de presentarse oficialmente ante el Constitucional.

El pasado 6 de abril, el pleno del Congreso autorizó a su presidente, Patxi López, para que presentara ese conflicto de atribuciones en defensa de las competencias de control de la Cámara y daba un mes de plazo al Gobierno para que alegara lo que considerara oportuno.

Alegaciones que el Gobierno envió al Congreso el pasado viernes -prácticamente en el límite- y en las que ratificaba su criterio de que no puede ser sometido a control parlamentario mientras está en funciones.

En su escrito, el Ejecutivo reitera que al no existir una relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Parlamento, no cabe que sea sometido a control.

La confianza se otorga, según recuerda el Ejecutivo, mediante la investidura por parte del Congreso de un presidente del Gobierno, algo que no ha ocurrido en la XI Legislatura, en la que el Gobierno ha permanecido en funciones.

"Como consecuencia del otorgamiento de dicha confianza y sólo cuando ésta existe, el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados mediante los mecanismos de control establecidos en el propio texto constitucional y desarrollados por el Reglamento de la Cámara", remarca el escrito.

Cumplido el preceptivo trámite de alegaciones que marca la ley del Tribunal Constitucional, la Cámara baja dispone ahora de un mes para interponer su recurso, hecho que, según las fuentes, podría adelantarse unas dos semanas.

Por otro lado, la Mesa también ha ratificado el fin de la tramitación parlamentaria de todas las iniciativas que han decaído con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones del 26 de junio.

Todas las proposiciones quedan sin efecto salvo las seis iniciativas legislativas populares (ILP) que ya están en tramitación y los dos reformas de estatuto de autonomía que los respectivos parlamentos han remitido a la Cámara, entre ellas la reforma del estatuto de la Comunidad Valenciana, cuya toma en consideración obtuvo el visto bueno del pleno.

No obstante, la próxima Mesa de la XII legislatura podrá retrotraer estas dos reformas estatutarias a cualquier momento de su tramitación, por lo que podrían tener que volver a pasar por el pleno de la Cámara.

A estos dos asuntos se ha referido el portavoz del PP, Rafael Hernando, que ha ironizado sobre el final de una legislatura que ha sido un "tó pa ná", porque ninguna iniciativa ha sobrevivido para llegar al BOE y convertirse en ley.

También ha criticado el "desafortunado" conflicto de atribuciones que presentará en breve el Congreso ante el Tribunal Constitucional ante la negativa del Gobierno en funciones a someterse al control parlamentario.

Un "auténtico circo" y un conflicto institucional "sin precedentes" que, a su juicio, sólo ha buscado convertir la legislatura en un "ataque" al Ejecutivo en funciones con el único objetivo de ocultar la "incapacidad" del Congreso para investir un nuevo presidente y todo ello gracias a la actitud "veleta" de Ciudadanos.

Precisamente, el secretario segundo de la Diputación Permanente, el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes, ha lamentado que el Gobierno "no haya aprovechado para rectificar" su negativa a someterse al control, una actitud que ha tildado de "inaceptable".

Ha subrayado que "pretender saltarse la separación de poderes es tanto como eludir la democracia" y ha defendido que, aunque el recurso al Constitucional ya no tenga efecto sobre la pasada legislatura, servirá para "cubrir vacíos institucionales" y "despejar dudas"

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