Dos jueces de Valencia han solicitado al Tribunal Supremo el procesamiento de la senadora Rita Barberá por dos causas distintas. Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 18 considera que la exalcaldesa podría estar implicada en un delito de blanqueo de capitales. A la vez, la titular del Juzgado de Instrucción número 16 solicita al alto tribunal que decida si investiga y juzga a Barberá por incumplir la Ley de la Memoria Histórica.
En la primera de las causas el juez subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 considera además que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.
La pieza sobre el presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas imputadas, a las que hay que sumar al PP como persona jurídica. El juez investiga donaciones de mil euros de concejales y asesores a quienes el partido habría devuelto dos billetes de 500 de fondos procedentes de comisiones por la adjudicación de obras.
El magistrado entiende que, al haber reconocido la exalcadesa que ella también realizó el donativo de mil euros, sería "incoherente" no elevar la exposición de hechos al Supremo.
El juez apunta además que, como alcaldesa, Barberá era la superiora jerárquica de la principal investigada, Carmen García-Fuster, con la que mantenía además una relación personal de estrecha confianza. En su declaración judicial, García-Fuster se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros.
La segunda causa contra Barberá elevada al Supremo tiene su origen en una denuncia presentada hace un año contra la entonces alcaldesa por la posible comisión de un delito de desobediencia al mantener símbolos franquistas. Los denunciantes, entre ellos un diputado del PSOE, consideran un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica que en Valencia se conserven el monumento a los caídos, además de escudos y placas anticonstitucionales.
Por su condición de senadora, solo el Tribunal Supremo es competente para investigar y juzgar, si procede, a Barberá. El PP la incorporó a la Diputación Permanente de la Cámara Alta para que conserve el aforamiento en caso de disolución de las Cortes por la convocatoria de nuevas elecciones. El PSOE solicitó ayer a los populares que retiren a Barberá de ese órgano permanente para facilitar la investigación del Supremo.
El pleno de la Cámara Alta, en la que los populares tienen ahora mayoría absoluta, tendrá que decidir sobre la concesión de suplicatorio para el procesamiento de Barberá si el Supremo decide enjuiciarla. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aplazó cualquier decisión de su partido sobre este caso a la conclusión del expediente abierto por el supuesto blanqueo de dinero.
