La sección primera de la Audiencia decidió ayer que no existe base legal para expulsar a Manos Limpias del juicio de Nóos pese al encarcelamiento por extorsión del principal responsable del sindicato que ejerce la acusación popular.
El tribunal que juzga a la Infanta Cristina, a su marido y a otras 16 personas por malversación, entre otros cargos, tenía pendiente pronunciarse sobre la petición formulada por las defensas de Diego Torres, Iñaki Urdangarín y Mercedes Coghen de expulsar del proceso a Manos Limpias. La reclamación se sustentaba sobre las serias sospechas de que la organización utilizó la acusación popular en el caso para tratar de extorsionar a dos bancos y a los abogados de la hermana del Rey a cambio de retirar los cargos contra ella. La presidenta de la sala, Samantha Romero, había anticipado ya que la petición carecía de rigor jurídico, al no existir ninguna sentencia firme contra el sindicato de funcionarios. Ayer el tribunal explicó que tomará una decisión sobre la legitimidad de Manos Limpias como acusación popular cuando dicte la sentencia, es decir al término del juicio.
La decisión de las tres magistradas satisfizo a Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias, quien se había opuesto, junto la Abogacía del Estado y la defensa de la Infanta Cristina, a la expulsión de Manos Limpias. Su salida del proceso hubiese conllevado la automática exculpación de doña Cristina.
La sesión de ayer estuvo centrada en el testimonio de José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y asesor jurídico externo del Rey Juan Carlos entre 1993 y 2014. Romero Moreno declaró que "Iñaki Urdangarín incurrió con Nóos en actividades inadecuadas para el esposo de una infanta de España". Fontao añadió que en 2005 y 2006, cuando él intervino para que el duque de Palma se apartara de Nóos y creara una fundación más ajustada a las prácticas de la Familia Real, no observó ninguna actividad ilícita. El veterano abogado se mostró lúcido y acertado en sus respuestas. En algunos momentos se permitió pinceladas de ironía.
Sus dudas sobre las actividades de Iñaki Urdangarin en Nóos se suscitaron a mediados de 2005. El conde de Fontao consultó el caso con Alberto Aza, jefe de la Casa del Rey, y decidió intervenir para proteger la imagen de la Familia Real. "Nóos estaba contratando con las empresas privadas y esto me preocupó más que los contratos con las Administraciones Públicas". "No deduje que existiera una actividad ilícita, sino inadecuada para el marido de una infanta de España y le recomendé al señor Urdangarín que sus deseos de hacer patrocinio deportivo se podían canalizar mejor a través de una fundación", dijo. Meses después el abogado del Rey recomendó al duque de Palma, "de forma importante, que abandonara Nóos y que no debía realizar actividades mercantiles en primera persona".
El duque se mostró dispuesto a acatar las sugerencias de la Casa del Rey y creó la fundación Areté para sustituir a Nóos. La solución no gustó a Fontao por las grandes similitudes de Areté con Nóos.
