El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó ayer prisión incondicional y sin fianza para los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, detenidos bajo la acusación de extorsionar a bancos a cambio de publicidad o de retirar determinadas acusaciones.

En el auto por el que envía a ambos a prisión, el juez apunta que la organización estaba dirigida por Luis Pineda, quien utilizaba la cobertura de Ausbanc en defensa de los consumidores para presionar a entidades y obtener un beneficio económico ilícito. Los acuerdos económicos conseguidos bajo coacción eran "enmascarados en contratos publicitarios y utilizando a su vez al sindicato Manos Limpias para reforzar las coacciones". Ausbanc destinó a sus sociedades 5,3 millones de euros.

El auto del magistrado describe las conductas de desvío de fondos, las presuntas estafas a los asociados y las negociaciones por las que conseguían los contratos publicitarios y destaca que desde noviembre los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los "ERE" y Facua.

Como ejemplo, especifica que la organización llamó el 29 de febrero pasado al director general de la Fundación La Caixa y el 14 de marzo al subdirector general de la asesoría jurídica del Sabadell, Gonzalo Barettino, para negociar la retirada de la acusación popular contra la Infanta Cristina en el "caso Nóos". Las dos entidades contactaron con el abogado defensor de la hermana del Rey, Miquel Roca, quien denunció ante la Policía el 30 de marzo el ofrecimiento realizado por Pineda para "tratar el tema de Palma". Pineda prometió en una conversación telefónica "plegar velas" en la acusación e incrementó de dos a tres millones de euros el pago porque la causa generaba "muchos gastos procesales". En la misma conversación, el responsable de Ausbanc aseguraba que la abogada Virginia López Negrete se había "pasado" en su intervención en la declaración de la Infanta.

Pineda negoció con Unicaja ayudar a su presidente, Braulio Medel, en su declaración como imputado en el caso ERE y la retirada de la acusación que ejercía Manos Limpias contra él. A cambio, la entidad debía pagar un millón de euros en dos plazos, uno de 600.000 antes de la declaración judicial y otro de 400.000 después. El 2 de febrero, Unicaja había pagado ya a Ausbanc 617.127 euros y la acusación fue retirada.