La juez María Núñez, que instruye el caso de los ERE, ha archivado las actuaciones penales iniciadas por la juez Alaya contra cuatro acusados, uno de ellos el alcalde de Santiponce (Sevilla), José López González (IU), al haber prescrito los delitos investigados. Esta decisión se suma a los doce archivos que acordó hace dos semanas.

La instructora explica en su resolución que los presuntos delitos de prevaricación y malversación han prescrito porque la ayuda que concedió la Junta al Ayuntamiento de Santiponce (30.050 euros) es inferior a los 450.000 euros y han pasado más de diez años desde que se recibió y se iniciaron acciones judiciales por esa subvención.

Tras recordar que la Audiencia abrió esa vía de prescripciones, la juez archiva la causa contra el alcalde, que lo era en 2003, así como contra el interventor municipal, Ignacio Herrera, a los que cita como testigos, y contra el secretario del Ayuntamiento, Santiago Pozas, ya fallecido.

Al ser preguntado por estos nuevos archivos de causas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, declaró que el Gobierno andaluz "ha venido insistentemente diciendo, mediante los propios servicios jurídicos, que esto podía ocurrir e iba advirtiendo al propio juzgado de que era posible". El vicepresidente andaluz añadió que los avisos se produjeron más de una docena de veces. "Creo que fue en 13 ocasiones", según precisó Jiménez Barrios.