La Fiscalía Superior de Andalucía ha denunciado por prevaricación administrativa y falsedad en documento público al consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por unos hechos de su etapa de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, el escrito de la Fiscalía se produce a raíz de una denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla sobre la adjudicación de la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).
La denuncia se presentó en marzo de 2015 ante la Fiscalía de Sevilla pero al implicar a Ramírez de Arellano y ser éste aforado como consejero del Gobierno andaluz, el caso pasó a la Fiscalía Superior de Andalucía.
La obra consistía en la construcción de 25.800 metros cuadrados y estaba presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.
El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, en conferencia de prensa y sobre Arellano ha dejado constancia "de su labor desinteresada como servidos público, de su buen hacer y honorabilidad y de su no intencionalidad y en todo caso inocencia en los hechos investigados".
Castro ha explicado que la denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla estuvo motivada por "el desarrollo fragmentado del proyecto" de construcción del Centrius, edificio estratégico de la Universidad de Sevilla incluido en el Campus de Excelencia Internacional y reservado para trabajos de investigación conjuntos con empresas y laboratorios.
Según el rector, como la elevada financiación para su construcción no llegaba, se decidió ir construyéndolo por fases, de acuerdo con la disposición presupuestaria de cada año, lo que originó la denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla.
En los últimos diez años, ha recordado el rector, el Colegio de Arquitectos de Sevilla ha interpuesto contra la Universidad de Sevilla no menos de nueve demandas, todas las cuales, hasta el momento han sido archivadas o ganadas por la Universidad, y relativas a cuestiones diversas, desde planes de estudio a contratación de técnicos, de personal docente a nuevos proyectos arquitectónicos.
Castro ha explicado con el aforamiento de Arellano como consejero el que el caso haya pasado a la Fiscalía del TSJA, y ha lamentado que "se confundan procedimientos administrativos con actuaciones que pudieran derivar en consecuencias penales".
Y ha añadido: "Resulta llamativo que el Colegio de Arquitectos de Sevilla utilice la denuncia ante la Fiscalía cuando al mismo tiempo, y por los mismos hechos, ha acudido a la vía Contencioso- Administrativa; donde ha mantenido y mantiene litigios en diversas materias".
