Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán comparecieron ayer por segunda vez como investigados en el caso de los ERE. Lo hicieron en los juzgados de Sevilla, casi un año después de testificar ante el Tribunal Supremo -entonces estaban aforados por ser, respectivamente, diputado y senador-, y no sin polémica, ya que el abogado de Griñán, José María Mohedano, denunció "presiones" del Gobierno en funciones para que tanto su defendido como Chaves "hicieran el paseíllo". La hipótesis del letrado es que, con esta segunda testifical, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere "compensar los casos de corrupción nuevos que hay". Ambos fueron increpados por el público asistente al grito de "chorizos".
Al término de la declaración de Griñán ante el juez Álvaro Martín, el abogado advirtió que estas comparecencias "no tienen la finalidad de garantizar el derecho de defensa, que se está vulnerando, ni tampoco el principio de igualdad", y que se producen en el marco de un caso "muy antiguo que debería ya cerrarse".
"Esto es una presión para que den el paseíllo", insistió Mohedano. "Se trata de algo muy sencillo, de prolongar este caso, y llamar aquí cada vez con la disculpa de que se le ha ocurrido al fiscal una nueva pregunta", añadió, que después de cinco años, esta causa hay que cerrarla porque ya se ha investigado todo lo investigable" y no debe convertirse "en un show para compensar los casos de corrupción en estos últimos meses".
El abogado puso como ejemplo de la presión del Gobierno la reciente presencia en Sevilla del Fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se celebrara la comparecencia de ambos expresidentes.
