Caso Brugal

El fiscal pide 16 años de cárcel para Joaquin Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante

También pide penas para los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll por delitos de cohecho y tráfico de influencias

07.03.2016 | 14:19

La Fiscalía Anticorrupción acusa de delitos relacionados con la corrupción urbanística al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll en el escrito que ha presentado hoy por el llamado caso Brugal.

El fiscal pide penas que suman 16 años de prisión para Ripoll y 17 para Ortiz, a quienes se les acusa de los delitos de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude.

El ministerio público pide multas de un millón de euros para el político del PP, la misma cantidad para el empresario Ángel Fenoll, a quien reclama también otros 17 años de cárcel y 20 de inhabilitación, y 300.000 euros para el promotor alicantino.

Para el dirigente socialista Antonio Amorós la pena solicitada es de 4 años y 9 meses de cárcel por los delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y fraude, la misma pena que solicita para la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente.

Los acusadores públicos plantean hasta 10 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo o función pública para Ripoll, Ortiz y Fenoll, tiempo que rebaja a 4 años en el caso de Lorente y Amorós.

Para el empresario de Alicante Rafael Gregori se pide 17 años de prisión, 20 de inhabilitación y un millón de euros de multa por los delitos de información priviligiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

El hijo de Fenoll se enfrenta a una petición de pena de 8 años y 9 meses de cárcel, solicitud que en el caso del empleado de Ortiz José Candel se eleva a 10 años. Para el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Vicente Gomis se piden 3 años de prisión e inhabilitación de 10 para cualquier cargo público.

Por otro lado a Jorge Sanz, colaborador de Ángel Fenoll, se le piden 3 años y 6 meses de prisión y 8 de inhabilitación.

El técnico Pedro Enmanuel Sáez tiene ante sí la petición de 10 años y 3 meses de cárcel.

Para el acusado Manuel Garriga, responsable de la empresa adjudicataria del macrovertedero, se piden 10 años de prisión y otros tantos de inhabilitación.

Ángel Luis Bracho, delegado comercial y representante para la zona de Alicante de Sufi, se enfrenta a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación.

La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

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