La infanta Cristina superó ayer el mal trago que venía esperando desde hace casi un mes: declarar antes las tres magistradas que decidirán su futuro judicial. Al arrancar la declaración, su abogado, Pau Molins, anunció que no iba a responder a ninguna pregunta que no formulara él. Esto hizo que la letrada de la acusación particular, Virginia López Negrete, sólo pudiese leer las preguntas que pretendía hacer, sin recibir respuesta. Ante el anuncio del abogado, ni el fiscal ni las acusaciones ni las defensas formularon preguntas.

La intención de Molins quedó clara desde la primera pregunta. Se separó de la estrategia de desvincularse de cualquier gestión en Aizoon con un simple "no" o un "no me acuerdo". Y así la Infanta fue mucho más explícita y posiblemente más convincente.

Desde la primera pregunta, la hermana del Rey se desmarcó de cualquier gestión al frente de Aizoon. Según su versión, no tenía interés en disponer del 50% de esta sociedad, pero lo hizo: "Me lo pidió mi marido para que me implicara en sus proyectos". Recordó su visita al notario para constituir la sociedad. Se limitó a firmar tras las explicaciones del notario.

Quiso dejar claro cuál era el rol familiar de su marido y el suyo propio. Urdangarín se dedicaba a las cuestiones financieras y económicas. Ella, a su trabajo en La Caixa y a sus obligaciones institucionales con la Casa Real. "De nuestros hijos nos encargábamos los dos".

No tardó mucho tiempo la Infanta en salir en defensa de su esposo. "Confío en mi marido y en su total inocencia. Actuó siempre por indicaciones de sus asesores".

La tarjeta de la Infanta

Prácticamente sólo sabía que Aizoon era la empresa que utilizaba su esposo "para canalizar sus ingresos como asesor y consultor". Cómo podrían ser los ingresos y gastos de la sociedad, o qué decisiones tributarias se adoptaban, ni lo supo ni le interesó, aunque fuera la propietaria de la mitad de la sociedad.

Cristina de Borbón coincidió con lo que había dicho su esposo por la mañana. Aseguró que nunca dispuso de la famosa tarjeta de crédito que se utilizó para realizar compras de tipo familiar que después se cargaron en las cuentas de Aizoon. "Nunca dispuse de esta tarjeta ni realicé ninguna compra. La custodiaba mi marido". También señaló que se enteró leyendo la causa de que se cargaron gastos como la compra de un libro o una factura de la peluquería.

Aclaró también que antes de tomar una decisión como era formar parte de una sociedad familiar buscó asesoramiento. "No tenía ninguna prohibición. Lo pregunté a Carlos García Revenga, y éste a su vez a Federico Rubio (el asesor fiscal de la Casa Real). Nunca me dieron ninguna indicación de que no pudiera formar parte de esta empresa familiar", insistió.

Sin embargo, esta presencia en el accionariado de Aizoon no la obligaba, según su testimonio, a estar al corriente de la gestión propia de la sociedad. "Mi marido era quien gestionaba la empresa. Nunca me informó ni de los ingresos ni de los gastos de la sociedad. En esa época nuestros hijos eran pequeños y nosotros hablábamos de otras cosas", intentó justificar. "No he tenido nunca ni poder ni firma en la sociedad. Las juntas nunca se celebraron. Si firmaba las actas era porque mi marido me entregaba los documentos y lo hice por la total confianza que tenía en él".

Tampoco dio jamás orden alguna a la secretaria de su esposo, Julita Cuquerella, para que contabilizara algún gasto, ni a los asesores de su esposo para que anotaran los datos de la contabilidad, aseguró. Desmintió igualmente las declaraciones del notario que constituyó Aizoon, de que la intención de su marido era utilizarla en Aizoon como escudo fiscal. "Eso no es cierto. Nadie me dijo nada. Si me lo hubieran planteado yo me hubiera negado a ello", contestó.

La misma contundencia mantuvo cuando se le insistió en si conoció qué tipo de ingresos o gastos declaró su marido en los años 2007 o 2008 en Aizoon, que han generado una acusación de delito fiscal. "Nunca supe nada", insistió. Desmintió además que tuviera alguna cuenta bancaria en paraísos fiscales como Suiza o Belice: "Nunca he tenido ninguna cuenta en un paraíso fiscal. Ahora tengo una cuenta en Suiza por razones obvias. Vivo allí".

La infanta Cristina intentó desmontar las acusaciones de participar en la contratación y pago irregular de personal doméstico de su casa, una de las circunstancias que, en cierta forma, la ha llevado al banquillo, ya que el juez Castro afirma que había participado en esos asuntos. "Es rotundamente falso que a los empleados de hogar les pagáramos con dinero en efectivo", dijo. La hermana del Rey confirmó que, en efecto, ella y su marido participaban en la elección del personal doméstico. "Después era mi esposo quien se encargaba de su contratación. También intervenía, por razones obvias, el servicio de seguridad". La Infanta se marchó anunciando su renuncia a estar presente en el resto del juicio.