El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye la Operación Taula y el "caso Imelsa", inició ayer el proceso para investigar a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo. El juez pidió a la Cámara alta que certifique que Barberá es senadora, ya que, por su condición de parlamentaria, solo puede ser imputada por el Tribunal Supremo.
El titular del juzgado remitió su escrito al presidente del Senado, Pío García-Escudero, pero la Mesa de la Cámara, después de confirmar su recepción, decidió trasladarlo al Supremo.
"No corresponde al Senado contestar al juzgado", explicó el vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz, al término de la reunión de la Mesa, que considera que debe ser el Supremo el que comunique al juzgado, un órgano judicial inferior, si la exalcaldesa valenciana ostenta la condición de senadora. Por eso, precisó Sanz, el juez, Víctor Gómez, debería haber hecho directamente su petición al alto tribunal, en lugar de a García-Escudero.
En su escrito, Gómez solicita a la Mesa del Senado que, "a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado" (el "caso Imelsa"), remita "certificación sobre la condición actual de senadora en la presente legislatura" de Barberá.
El nombre de la exregidora salió a relucir desde el comienzo de la investigación, a finales del pasado enero. El "caso Imelsa" englobaba inicialmente presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa pública del mismo nombre, dependiente de la Diputación de Valencia.
Sin embargo, pronto derivó en un presunto delito de blanqueo del PP, por el que han acabado investigadas -imputadas antes de la reforma de la ley- 49 personas entre concejales, exediles, asesores y exasesores del PP valenciano. El juzgado investiga ambas piezas por separado.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sospechan -de forma indiciaria- que tanto Barberá como el expresidente valenciano Francisco Camps y el exvicepresidente del Gobierno valenciano y diputado del PP por Alicante Gerardo Camps estarían implicados en el presunto blanqueo del dinero cuya procedencia se está investigando, una operación en la que también estaría implicado el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exconsejero delegado de Ciegsa -empresa pública de la Generalitat- Máximo Caturla, informaron a "Europa Press" fuentes conocedoras del procedimiento.
Sin embargo, ninguna de estas tres personas -ni Barberá, ni Francisco Camps ni Gerardo Camps- han sido detenidas o citadas a declarar en calidad de investigadas en el juzgado por este asunto, puesto que la ley no lo permite. Al tener dos de ellos la condición de aforados, el juzgado de Valencia que lleva el procedimiento, cuando tenga suficientes indicios, debería remitir la causa a un órgano superior, en esta ocasión el Tribunal Supremo.
