La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió ayer a los independentistas catalanes que el Ejecutivo incorporará a sus recursos ante el Tribunal Constitucional las declaraciones políticas de algunos de sus dirigentes, porque avalan que se están incumpliendo las resoluciones realizadas por los tribunales.
"El ámbito declarativo es el ámbito declarativo", reconoció la "número dos" del Gobierno, que, dicho eso, avisó de que con tantas declaraciones "pueden ser muy extensas las alegaciones del Estado respecto a los recursos pendientes, porque están asumiendo, no por la vía de los hechos pero sí por la vía de declaración política o rueda de prensa, los motivos fundamentados del Gobierno" para plantear los recursos de inconstitucionalidad o los conflictos de competencias.
Prueba "inapelable"
"Están dando la razón a los planteamientos del Estado, de que esto es un desarrollo de estructuras de estado en cumplimiento del 'proceso', y se incorporarán a las alegaciones de la representación del Estado como prueba inapelable de que el recurso es fundamentado, porque es de parte, y ya se sabe que confesión de parte..."
El miércoles, el TC suspendió cautelarmente la Consejería catalana de Exteriores al admitir a trámite un recurso del Gobierno. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmó a Raül Romeva en el cargo y un día después desafió al Ejecutivo al anunciar que no pensaba cambiar el nombre al departamento.
De otro lado, el portavoz de Convergència en el Congreso, Francesc Homs, se ofreció a declarar voluntariamente ante el Tribunal de Justicia de Cataluña por su papel en la organización de la consulta del 9-N.
