El PP se lanzó ayer en tromba a defender a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá de las salpicaduras del nuevo caso de corrupción que golpea al partido: el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones fraudulentas con epicentro en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación provincial, que hasta mayo presidió el detenido con más pedigrí popular en la operación lanzada el martes: Alfonso Rus.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, puso la mano en el fuego por Barberá: no está "acusada de nada" y está "absolutamente limpia", dijo.
Rajoy basó su defensa de la exregidora en el hecho de que ni ella ni el exconsejero y diputado nacional Gerardo Camps han sido llamados a declarar. El jefe del Ejecutivo pidió "un poco de mesura" porque a Barberá "nadie la ha llamado a declarar en ninguna condición, ni como investigada ni como testigo ni como nada". "No me consta que se le acuse de algo y si se le acusara de algo tendría exactamente el mismo trato que tendría yo y cualquier militante del PP".
En línea con lo dicho por el líder del partido, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, añadió que el partido, "a fecha de hoy", no tiene constancia de que haya una investigación o "incriminación" contra Barberá y Camps por el "caso Imelsa".
Tras señalar, en declaraciones a la cadena Ser, que todavía el martes habló con Barberá y la senadora estaba en casa, "muy tranquila", rechazó que el partido vaya a pedirle a ella o a Camps que renuncien a sus respectivas actas como parlamentarios.
El senador del PP y expresidente valenciano, Alberto Fabra, prometió que al final de la investigación judicial "se podrá comprobar que Rita Barberá no es la jefa, ni muchísimo menos". Y la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, subrayó que cree en la "honestidad" de la exalcaldesa de Valencia.
Siete de los 24 detenidos el martes en la denominada operación Taula pasaron ayer a disposición judicial, mientras que el juzgado que instruye el sumario, el número 18 de los de Valencia, ya acordó el martes por la noche la libertad bajo fianza de 150.000 euros de la exconcejala del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón.
El presidente del PP de la ciudad de Valencia, Alfonso Novo, investigado (imputado) en el caso, no ejercerá como portavoz del Grupo Popular en el Pleno del Ayuntamiento de hoy. El equipo de gobierno instó al PP a destituir a Novo y a los otros tres miembros del Grupo que fueron detenidos o figuran como investigados (imputados) en el sumario.
