Los 35 miembros de la cúpula de la reconstruida Batasuna a través de PCTV y ANV admitieron ante el tribunal que les juzga en la Audiencia Nacional su relación con ETA y pactaron con la Fiscalía condenas de hasta dos años de prisión.
En el pacto alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones populares, los procesados reconocen que sus actividades fueron contrarias a la legalidad y muestran su "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".
Las condenas han sido reducidas con la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido más de cinco años desde el escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral.
