Ripoll: "Perseguir a quien no paga impuestos solo compete al Estado"

La abogada del Estado aseguró que la frase "Hacienda somos todos" es solo un eslógan

12.01.2016 | 02:18

Sobre la polémica tributaria, que es la cuestión sobre la que pivota el inicio del juicio del caso Nóos, la más brillante fue la abogada del Estado Dolores Ripoll. Se conoce la legislación tributaria hasta la última coma, pero dijo algo que seguro que será motivo de polémica. Aseguró que esa frase de que "Hacienda somos todos" no era más que un eslogan publicitario, sin ningún peso judicial, e introdujo esa frase para argumentar que el único perjudicado, y por tanto legitimado, en un delito fiscal era la Agencia Tributaria. "La responsabilidad para perseguir a un ciudadano que no ha pagado impuestos es solo del Estado", reiteró la abogada.

No lo tenía fácil la abogada Virginia López Negrete para defenderse tras escuchar durante horas cómo se cuestionaba su derecho a pedir que un tribunal juzgue a la Infanta por delito fiscal. Y la verdad es que no se amilanó, al contrario, mostró argumentos solventes que permitirían al tribunal rechazar la propuesta de la defensa. La abogada de Manos Limpias dijo que la acción popular es un derecho recogido en la Constitución, que establece que todos los ciudadanos, aunque no estén directamente afectados por el delito cometido, tienen todo el derecho a representar la acusación. Recordó que esta distinción que ahora pretende la defensa, con el apoyo de otras acusaciones, no se ha producido durante toda la instrucción. Al contrario, reiteró que el juez Castro la trató exactamente igual que al resto de acusaciones. La abogada intentó desmontar la doctrina Botín a través de otra interpretación que se realizó en el caso Atutxa. Y recordó que en el primer caso no había delito fiscal, a diferencia de Aizoon, donde nadie discute la irregularidad tributaria. López Negrete soltó más de una perla, como por ejemplo que todo ciudadano tenía derecho a sentirse dolido cuando se cometía un delito fiscal, pero sobre todo cuando se refirió al daño, no solo a la propia Infanta, sino también a la Casa Real, que supondría que en estos momentos la hermana del Rey fuera apartada del juicio del caso Nóos. "Sufriría la justicia, las instituciones y la propia Casa Real. La Infanta podría declarar en el juicio y demostrar su inocencia. Si se la exculpa ahora quedaría estigmatizada de por vida". Y no quiso terminar su intervención sin lanzar una dura crítica al fiscal Horrach. "Solo defiende a la infanta Cristina y no hace lo mismo con otros acusados como son Alfonso Grau o Salvador Trinxet, que están en la misma situación que ella". Es evidente que el principio de legalidad no es igual para todos". Esta dura acusación no tuvo respuesta del fiscal, porque no procedía.

La situación de los políticos de Valencia que están acusados es muy distinta a los de Baleares. Los letrados dedicaron largos informes para cuestionar que la actuación de los responsables que gestionaron la contratación de Urdangarin en Valencia puedan ser juzgados en Mallorca. No es extraño que aleguen este tema, ya que mientras los jueces de Mallorca han interpretado que la contratación de Urdangarin fue delictiva, en Valencia, a través del mismo sistema, no lo fue.

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