Arranca un proceso histórico y mediático

Defensa, Fiscalía y Hacienda suman fuerzas para librar a la Infanta del juicio de Nóos

La hermana del Rey permaneció más de catorce horas impasible en el banquillo -La letrada de la acusación particular cree que Cristina de Borbón quedaría estigmatizada si queda libre de la causa

12.01.2016 | 02:18
Los dieciocho acusados, ayer, en la sala del juicio. La Infanta y Urdangarín están sentados en la última fila: ella es la primera por la izquierda y él, el segundo por la derecha. // Efe

Todo esfuerzo dialéctico es poco para evitar que la Infanta Cristina pase más de un día sentada en el banquillo de los acusados. Y aunque el futuro procesal de la hermana del Rey quedó anoche en manos del tribunal de la Audiencia de Palma, ni el más hábil abogado pudo evitar que estuviera ayer catorce horas sentada en el banquillo de acusados. Eso sí, sin mostrar el más mínimo gesto de queja mientras escuchaba los argumentos de las partes. Por un lado, que no había cometido delito fiscal. Y por otro, que sería un escándalo que ahora fuera apartada del proceso sin contestar preguntas.

El primer mensaje de unidad lo lanzó la Infanta Cristina cuando bajó, una hora antes del inicio juicio, del coche con el que se desplazó a Son Rossinyol. Llegó acompañada de Urdangarín. Ni en un solo momento dejó de apoyar a su marido, a pesar de que sus negocios en común la han convertido en la primera integrante de la Familia Real que tiene que defenderse en un proceso penal por un presunto delito fiscal. Pero juega con cierta ventaja con respecto a los otros acusados, como quedó claro en la primera sesión convocada por el tribunal, donde únicamente se plantearon cuestiones previas y propuestas de nuevas pruebas. Ventaja porque, no solo la defiende su competente equipo de abogados, compuesto por uno de los padres de la Constitución y por un catedrático, Miquel Roca y Jesús María Silva, sino sobre todo porque la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se volvieron a esforzar ayer para demostrar que no había cometido tal delito fiscal. Y para ello fue necesario intentar desacreditar la actuación que encabeza el sindicato Manos Limpias, la única acusación, que entiende que la hermana del monarca cometió dicho delito. No en vano le reclama ocho años de cárcel.

Para salvar las formas, fue el abogado Jesús María Silva el primero en defender la propuesta para que la esposa de Urdangarín abandone el banquillo. El abogado se mostró agresivo en su exposición, eso sí, demostrando que domina al dedillo toda la jurisprudencia del Supremo sobre la intervención de la acusación popular en un proceso penal. Apenas utilizó el letrado la palabra doctrina Botín, pero era evidente que se refería a los límites que impuso el Tribunal Supremo en la acción de la acusación popular. Levantando la voz en repetidas ocasiones, Silva aseguró que sobre esta doctrina no había más interpretación posible que la que él sostenía y que, además, se venía aplicando en todas las audiencias provinciales, que no permitían juzgar a una persona cuando solo lo pedía la acusación popular. Y remató el argumento aludiendo a la indignación que le suponía el sufrimiento que estaba padeciendo la Infanta por seguir sentada en el banquillo. Su exposición fue menos extensa de lo esperado. Pero eso sí, clara y contundente.

Cuando abogados de tanto nivel exponen cuestiones técnicas no suelen despertar un gran interés, más allá de al afectado. Y por ello se entiende que Miguel Roca, posiblemente porque ayer no le tocaba intervenir y porque había madrugado en exceso, no pudo evitar dar alguna cabezadita.

La Fiscalía no se mueve

Al fiscal Pedro Horrach se le puede acusar de haber actuado con excesivo celo en la defensa de la Infanta, pero no que no haya sido coherente desde el primer momento sobre esta polémica. El fiscal Anticorrupción inició su primera intervención citando frases de Azaña. "Lo que importa es tener razón y saber defenderla". Estaba claro que Horrach se iba a sumar a la propuesta de la defensa de cuestionar la legitimidad de la acusación popular, pero para ello tuvo que acudir a muchos argumentos técnicos para explicar que en los delitos fiscales las únicas partes legítimas para pedir una condena son la Fiscalía y la Agencia Tributaria. "Mi posición no es gratuita", señaló Horrach, que en ningún momento mencionó al juez instructor, José Castro, pero reiteró una y otra vez que la única parte perjudicada cuando se comete un delito tributario es la Agencia Tributaria, en ningún caso el sindicato Manos Limpias. El fiscal insistió en que la jurisprudencia tiene más que superada esta polémica y citó, como ya había hecho en su escrito de acusación, una reciente sentencia de Vizcaya.

"No es normal que por los mismos hechos un ciudadano de Bilbao no se siente en el banquillo y en Baleares sí tenga que hacerlo. Debe primar la igualdad de todos los ciudadanos ante los tribunales". Horrach, ya por la tarde, presentó una nueva prueba para demostrar que su posición sobre la Infanta es la adecuada: un nuevo informe de una experta tributaria, que explica los criterios generales de actuación sobre fraudes fiscales en sociedades y la responsabilidad de los socios, documento que incidiría en que la Infanta no ha cometido ningún delito.

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