La Fiscalía reclamó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordene diligencias para aclarar cómo el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas para la votación en la pseudoconsulta del 9-N y si se usaron ficheros públicos con datos personales.
Según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, el ministerio público ha presentado un escrito ante la sala del alto tribunal catalán que investiga al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Educación en funciones, Irene Rigau, por el proceso participativo del 9-N, solicitando nuevas diligencias sobre el caso.
En concreto, el fiscal solicita al magistrado que ordene nuevas diligencias para establecer hasta qué punto la Generalitat mantuvo "en todo momento y hasta el final" un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, "en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional", según la nota.
En concreto, el ministerio público quiere saber la forma en la que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas que constituyeron uno de los elementos esenciales para que pudiera celebrarse la votación del 9-N.
Por otro lado, la CUP reunirá de nuevo a su asamblea nacional el próximo día 27 en la localidad de Esparraguera (Barcelona) para tomar una decisión definitiva sobre la investidura de Mas. Si antes del 9 de enero no ha sido investido presidente él u otro candidato, Cataluña deberá ir otra vez a elecciones en el mes de marzo.
