El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 1.623.819 euros el quebranto sufrido por las arcas de la Generalitat Valenciana como consecuencia de las ayudas concedidas por el Gobierno valenciano a distintos proyectos que debían de realizarse en Nicaragua y que nunca llegaron a ejecutarse.
El juez declara "responsables contables directos y solidarios" al exconseller Rafael Blasco Castany; al ex subsecretario de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, Alejando Hugo Catalá Bas; a Marcial López López, presidente de la Fundación Cyes; a Marcos Antonio Llinares Picó, exjefe de Área de Cooperación al Desarrollo; a Agustína Sanjuan Ballesteros, exsecretaria general de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre 2007-2012 y al empresario Augusto César Tauroni Masía.
Los condenados tendrán que asumir también el pago de las costas provocadas por el juicio así como de los intereses devengados desde la fecha en la que la Generalitat transfirió el dinero a las ONG que presuntamente debían ejecutar las inversiones en Nicaragua. No obstante , el Tribunal de Cuentas no ha realizado el cálculo de estos intereses, que podrían ascender a varios miles de euros.
Asimismo el Tribunal de Cuentas condena como responsables contables subsidiarios a la Fundación CYES y a la Entidad "Sociedad Gestiones e Iniciativas ARCMED SL" que presidía Tauroni.
El Tribunal Superior de Justicia impuso ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación a Rafael Blasco en por el "Caso Coooperación" como autor de los delitos continuados de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y falsedad en documentación oficial. A esta sentencia, por la que el ex conseller cumple penas de prisión, hay que sumar ahora la obligación de devolver a las arcas públicas el quebranto sufrido por la actividad delictiva de los condenados.
