La infanta Cristina de Borbón será la última de los 18 acusados en declarar ante el tribunal en el juicio por el "caso Nóos", en el supuesto de que se mantenga la acusación hacia ella una vez que se diriman las cuestiones previas que plantearán las partes cuando comience la vista oral. En ese trámite de las cuestiones previas es cuando la defensa de la Infanta podrá hacer su último intento para que no sea juzgada.
Siguiendo el orden propuesto por la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Baleares ha establecido el calendario de declaraciones de los 18 acusados -que se producirán entre el 9 y el 26 de febrero, fecha esta última en la que, de respetarse el calendario, intervendría Cristina de Borbón- y de los 363 testigos, que lo harán entre el 8 de marzo y el 17 de mayo, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en un comunicado.
El 11 de enero se celebrarán las cuestiones previas, con presencia de todas las partes implicadas, incluida la Infanta y, en los días posteriores a ese trámite, el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma decidirá si juzga a la hermana del Rey o la exime en aplicación de la llamada "doctrina Botín". Esta doctrina, fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007, establece que, en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular. En el caso de la Infanta, sólo la acusación particular, representada por Manos Limpias, pide su procesamiento.
Entre tanto, el juez instructor del caso, José Castro, ha decidido la entrega de a Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín, 87.328 euros de una cuenta bloqueada durante la investigación, para que pueda hacer frente a varios gastos entre los que figuran los del propio juicio.
El juez Castro explica en un auto que ordenó el bloqueo del dinero de la cuenta, abierta en una entidad bancaria de Luxemburgo, para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en ese caso y no para que el juzgado "acabara convirtiéndose en su administrador o filtro de los cargos". Castro accede a liberar fondos para que Torres pueda preservar bienes embargados, pagar a sus defensores y "atender moderadamente a las cotidianas necesidades familiares".
La defensa de Torres, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama hasta 16 años y medio de cárcel por apoderarse, junto a Urdangarín, de hasta 6,2 millones de euros públicos mediante un entramado de empresas ficticias, aseveraba que tanto el acusado como su mujer, Ana María Tejeiro, "carecen de ingresos así como de la posibilidad de obtenerlos", y aporta un listado de los gastos a los que debe hacer frente, como el pago de hipotecas, impuestos, tasas, escolarización y comunidades de propietarios.
