Desafío independentista en Cataluña

La Fiscalía ordena a los Mossos que actúen si detectan indicios de sedición

El Consejo de Estado avala el recurso al TC y le pide que notifique a 21 cargos catalanes la suspensión de la resolución

11.11.2015 | 02:11
Rajoy y Sánchez se estrechan la mano a la puerta de Moncloa. // Reuters

La Audiencia Nacional dio ayer su primer paso contra la declaración independentista aprobada el lunes por el Parlamento catalán al pedir su Fiscalía a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si detectan indicios de delitos de sedición en "autoridades, funcionarios o particulares". La instrucción solo va dirigida contra personas no aforadas, ya que estas responden ante el Tribunal Superior de Cataluña. En consecuencia, quedan fuera del ámbito de esa orden los diputados autonómicos y los miembros del Gobierno catalán.

La iniciativa se dirige contra los "actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña". Según informa la fiscalía, las fuerzas de seguridad deberán comenzar a actuar a partir del momento en que el Tribunal Constitucional suspenda la resolución independentista.

El primer paso para que esto ocurra fue dado ayer por el Consejo de Estado, que, por unanimidad, dictaminó que la resolución muestra "voluntad de desobediencia o desacato" a la Constitución y supone una "declarada insumisión" a las instituciones del Estado. Por esta razón, el Consejo, cuyo dictamen es preceptivo pero no vinculante, respalda que el Gobierno presente recurso ante el Constitucional, iniciativa que el Ejecutivo tomará hoy. Previsiblemente, el Tribunal Constitucional se reunirá para debatir la admisión a trámite del recurso hoy mismo o, como muy tarde, mañana, jueves. La simple admisión suspende la resolución durante cinco meses.

En su dictamen, el Consejo propone que el TC incluya en su previsible providencia de admisión la notificación de la misma a 21 cargos electos y miembros del Govern -comenzando por el presidente de este y la del Parlament-, a los que cita con nombres y apellidos, "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones", lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales. Propone también que se añada la prohibición expresa de que el Parlament emprenda aquellas iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

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