La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este viernes que el Ejecutivo recurrirá al TC la propuesta secesionista si el lunes se aprueba en el Parlament y "en ese mismo minuto" pedirá su suspensión, de manera que nadie podrá ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración.

Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha dejado claro que, a partir de la suspensión de la moción, ni la Generalitat catalana ni ninguna institución pública pueden realizar ninguna actuación contraria a esa suspensión.

Y que, si la realizan, el Gobierno o quienes puedan impugnar tal actuación, podrán llevar a cabo las decisiones que estimen oportunas "con proporcionalidad y prudencia".

Además, Santamaría a apuntado a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, como la primera responsable jurídica y política de la posible aprobación el lunes de la resolución independentista. "Sin ningún género de dudas", ha proclamado.

"Nadie puede ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración", ha insistido la vicepresidenta en varias ocasiones al ser preguntada por la decisión del Tribunal Constitucional de permitir que se celebre el próximo lunes el pleno en el que se debatirá la moción de Junts pel Sí y la CUP, pese a admitir los recursos de amparo de Ciudadanos, PSC y PPC.

Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno recurrirá de manera inmediata al TC si la Cámara catalana aprueba en sus términos actuales la propuesta de resolución, previo informe del Consejo de Estado, y que demandará su suspensión.

Ha indicado que España es un Estado de derecho y una democracia consolidada y por tanto no permitirá que "cualquier ciudadano y menos un Gobierno se salte la ley".

"En España funciona el Estado de derecho, sus mecanismos funcionan y hay un Gobierno dispuesto a usarlo, ha dicho, antes de insistir: "Este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la ley, la unidad de España, la soberanía y la igualdad de los españoles".

La vicepresidenta ha destacado que el Gobierno se siente "arropado" por un conjunto de fuerzas políticas, partidos nacionales y por un conjunto de instituciones sociales que apoyan la estrategia del cumplimiento de la ley y el respeto a la legalidad.

"Cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y las leyes tendrá una respuesta por parte del Gobierno y del Estado, porque este tema es un asunto de Estado", ha añadido.

Ha apuntado que si el lunes el pleno del Parlament aprueba esa declaración desoyendo las "advertencias" del TC el Gobierno irá "inmediatamente" a los tribunales. "Y que a nadie le quepa duda de que esa declaración no producirá ninguno de sus efectos", ha dicho.