Nuevo golpe a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC, el partido del presidente Mas) por la llamada "trama del tres por ciento", sobre corrupción en adjudicaciones de obra pública. La Guardia Civil, que registró durante toda la jornada de ayer la sede de CDC, detuvo al menos a once personas, entre ellas, el tesorero del partido, Andreu Viloca; el director de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell; el secretario del patronato de la Fundación Catdem, vinculada a CDC, Carles del Pozo, y una administrativa de CDC.
Además fueron arrestados siete empresarios del sector de la construcción, la rehabilitación y la ingeniería, acusados de pagos a la Generalitat para lograr adjudicaciones. Fueron registradas las sedes de las empresas Copisa -cuyo consejero consultivo Xavier Tauler fue detenido-, Urbaser (filial de ACS dedicada al ámbito medioambiental), Rogasa Construcciones, Grupo Soler, Tec4 y Oproler. Esta última con sede en Madrid.
Agentes de la Guardia Civil registraron igualmente los ayuntamientos de Olot (Gerona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona). La citada Urbaser formaba parte de la UTE que se hizo en 2011 con el contrato de recogida de basuras de Olot, por 2,5 millones de euros anuales. En cuanto a Grupo Soler -cuyo consejero delegado, Jordi Soler fue detenido-, construyó un centro cultural de Sant Fruitós.
Según fuentes cercanas al caso, la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), es una nueva fase del caso "Petrum", en el que se investiga si CDC ha cobrado comisiones ilegales del 3% a varias empresas a cambio de la adjudicación de obra pública de la administración catalana o de municipios controlados por la formación.
Registro en agosto
El pasado agosto ya se produjo el registro de la sede de la Fundación Catdem. Ahora, tras el análisis de la documentación intervenida en aquel registro la investigación ha dado un salto y se ha situado directamente tras las cuentas de CDC.
Con la operación desplegada ayer la sombra del 3 % se extiende a más ayuntamientos, por sospechas de adjudicaciones de obras en etapas en que los dirigía CDC, y amenaza con convertir este caso, inicialmente centrado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y la empresa Teyco -cuyo consejero delegado, Jordi Sumarroca fue detenido en julio-, en uno de los más amargos para el partido de Mas.
Desde que hace diez años el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) acusó de mordidas a CDC en pleno debate parlamentario, ninguno de la media docena de casos de presunta corrupción que asedian a Convergencia había apuntado tan directamente a la financiación de la formación nacionalista.
Tras conocer la puesta en marcha de los registros, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, aseguró que él y su partido se sienten "objeto de caza mayor" y criticó la "sobreactuación" de la Fiscalía, que vinculó al proceso soberanista catalán que él impulsa. Mas se mostró dispuesto a comparecer en los próximos días ante la Diputación Permanente del Parlament para dar explicaciones sobre el presunto pago de comisiones a CDC.
La respuesta a su queja le llegó a Mas del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien aseguró que "caza mayor" es lo que ha hecho CDC con las empresas para que contrataran obra pública, al pedirles un "peaje" del 3% a cambio.
La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, reclamó por su parte a Mas que deje "todos sus cargos públicos" si se demuestra finalmente la financiación irregular de CDC o "irregularidades" en su partido, sobre el que, dijo, hay "sospechas" desde hace mucho tiempo.
