La número dos de la lista de Junts pel Sí (JxS), Carme Forcadell, una independentista que hasta mayo pasado lideraba la Asamblea Nacional Catalana, será la próxima presidenta del Parlamento de Cataluña, cuyo decreto de constitución firmará hoy, miércoles, el presidente de la Generalitat, Artur Mas. El nombramiento de Forcadell -que será elegida en la sesión constitutiva del Parlamento, este viernes o con más probabilidad el próximo lunes- ha sido propuesto por ERC, que junto a la CDC de Mas forma el bloque político que sustenta la coalición.

Forcadell, que necesita los votos de la izquierdista CUP para salir elegida, se mostró ayer partidaria de que este grupo radical esté representado en la Mesa del Parlamento y expresó su convencimiento de que la legislatura será corta. La expresidenta de ANC se mostró, en todo caso, prudente y resaltó que de momento se trata sólo de una propuesta.

La presencia de Forcadell al frente del Parlamento catalán ha sido mal acogida por el Gobierno de Madrid, cuya vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que la mayoría de los catalanes "no han secundado ni las ideas ni el proceso independentista" y, sin embargo, van a tener una presidenta del Parlamento catalán que "no comparte las tesis de la mayoría de los ciudadanos".

En respuesta, la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Neus Munté, pidió al Ejecutivo central que "tengan el máximo respeto" a la figura institucional de la presidencia del Parlament y a la formación ganadora de las elecciones del 27S, Junts pel Sí.

Negociaciones complicadas

Munté admitió, en otro orden de cosas, que hay "dificultades" en las negociaciones entre JxS y la CUP para iniciar la legislatura, pero matizó que ve posible llegar a un acuerdo y pidió tiempo y discreción.

El pasado lunes, el conseller de Empresa en funciones, Felip Puig, afirmó que ve muy difícil el acuerdo, que debería desembocar en la investidura del actual presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas. La fecha tope para el primer debate de investidura es el 9 de noviembre. Si no hay acuerdo, se abren dos meses para conseguirlo y, si persiste el desacuerdo, se irá a nuevos comicios.