El ministro de justicia, Rafael Catalá, no suspenderá la entrada en vigor del nuevo proceso de investigación penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como piden los fiscales, a quienes les ha ofrecido más medios humanos -en particular más fiscales- y materiales para la puesta en marcha del nuevo sistema.

Catalá se ha referido así a los medios tras más de dos horas de reunión con los vocales del Consejo Fiscal, quienes le han trasladado su preocupación por el futuro modelo de instrucción judicial, cuya entrada en vigor prevista para el próximo 7 de diciembre piden suspender.

Al respecto, ha señalado que la suspensión del artículo 324 que establece los plazos de 6 a 18 meses para la instrucción "no es lo más adecuado y conveniente" en este momento, por lo que se ha comprometido a "tomar todas las medias necesarias" que permitan llevar a la práctica el nuevo sistema.

Estas son un nuevo sistema de gestión procesal que mejore la coordinación de los fiscales con los juzgados de instrucción, con un sistema de avisos cuando se vayan cumpliendo los plazos, una instrucción para que los secretarios judiciales les notifiquen las causas y, sobre todo, un plan de refuerzo de nuevos fiscales.

"Habrá que dotar los medios tecnológicos y personales que garanticen que (los fiscales) pueden cumplir su trabajo adecuadamente", explicó Catalá, quien reconoció que puede haber una sobrecarga de trabajo ya que en los primeros ocho meses los fiscales deberán revisar 370.000 diligencias pendientes para determinar si son sencillas o complejas. Las futuras plazas se dotarán con cargo al presupuesto del departamento puesto que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lleva asociado todo lo contrario en su articulado.

Ahora bien, el ministro no ha descartado una hipotética suspensión si en el próximo mes de junio ve que el cumplimiento de los plazos es inasumible. "Si en el futuro comprobamos que lo que hoy consideramos suficiente no lo es, hipotéticamente podría plantearse una suspensión de plazos, pero no ahora", precisó.

Entre tanto, la Fiscalía ve acreditadas las dudas sobre la imparcialidad del magistrado Enrique López para juzgar el "caso Gürtel", según se desprende del informe elaborado al respecto. La recusación de López se verá, junto a la de otro de los magistrados nombrados en la causa, Concepción Espejel, en el pleno de jueces de la Audiencia Nacional del próximo día 30.

Las acusaciones -PSOE y Asociación de Abogados Demócratas- han recusado a López y a Espejel, dos de los tres magistrados nombrado para juzgar la primera época del caso, porque consideran que tienen interés en la causa por su afinidad ideológica con el PP, que está encausado como responsable civil subsidiario.