Artur Mas declaró ayer como imputado ante el juez que instruye la querella por la convocatoria y celebración del 9-N. El presidente catalán en funciones reconoció que fue el "único promotor político" del proceso participativo, pero puntualizó que su "ejecución" quedó en manos de los voluntarios desde el momento en que el Tribunal Constitucional (TC) vetó la jornada de votación.
Mas llegó a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) arropado por cerca de 6.000 personas -según informó la Guardia Urbana barcelonesa-, todos los miembros del Govern, dirigentes de partidos soberanistas y más de 400 alcaldes, en una exhibición de apoyo popular que superó con creces la del martes, cuando declararon la consejera Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega, imputadas por la misma causa.
Igual que el TSJC ese día, la Fiscalía General del Estado, promotora de la querella, emitió ayer un comunicado para protestar por los "ataques" a la independencia de los tribunales que, a su juicio, suponen las manifestaciones de apoyo a los imputados, y advirtió que usará "los medios legales a su disposición" para preservarla.
En su declaración, que duró una hora, Artur Mas se negó a contestar las preguntas del fiscal, tal como hicieron Rigau y Ortega el martes, alegando que la querella es una "imposición" de la Fiscalía General del Estado contraria al criterio de los fiscales del TSJC.
Mas inició su declaración con un discurso político de unos diez minutos en el que se declaró único responsable de la organización del 9-N, que presentó como una consulta que obedecía al "mandato" del Parlament y que era "el hito fundamental de la legislatura".
Sin embargo, después relató que el 4 de noviembre, cuando el TC suspendió el proceso participativo, ya había acabado la actividad de apoyo logístico de la Generalitat a la jornada de votación y su ejecución quedó exclusivamente en manos de voluntarios. Eso sí, "organizados" y "formados" por la Administración.
Mas se mostró perplejo por ser el único encausado, ya que otras autoridades que tenían competencias para impedir la votación no lo hicieron. Y protestó por tener que dar explicaciones en un tribunal. "Debería darlas en el Parlament, porque el 9-N fue una decisión política".
Concluida su declaración ante el juez, el presidente catalán en funciones siguió dando su versión en una comparecencia ante los medios en el Palau de la Generalitat. Allí, atribuyó la querella de la Fiscalía a la "rabia" que le entró al Estado al constatar el "éxito" y el "eco internacional" del proceso participativo. Y aventuró que el TSJC "tendrá que juzgar si comportarse como un demócrata equivale a actuar como un delincuente".
En esa comparecencia, además, el presidente en funciones de la Generalitat abrió la puerta a desacatar una eventual pena de inhabilitación. "Depende del momento en que esté la situación jurídica del país", dijo sin confirmar ni descartar ni una cosa ni la otra. No como había hecho varias horas antes el coordinador general de CDC, Josep Rull, quien advirtió que Cataluña tiene "el derecho y el deber de ignorar" una eventual inhabilitación de Mas.
Rull hizo estas declaraciones durante el homenaje al expresident Lluís Companys en el lugar donde fue fusilado hace 75 años, el Castillo de Montjuïc en Barcelona, donde Mas dio inicio a la jornada.
Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le acusó de "amenazar e intimidar" al TSJC, lo que consideró "inaceptable", y le instó a someterse al cumplimiento de la ley.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, criticó que Mas fuera "jaleado" después de haber intentado situar a Cataluña "fuera de la legalidad", pero también reclamó a Rajoy que resuelva un problema político "desde la política". El mismo consejo que le dio el presidente de la CEOE, Juan Rosell, al avisar de que "por la vía judicial va a ser muy difícil" arreglar el problema. El PSC avanzó que "no entendería" que se sancionara penalmente a alguno de los imputados, ya que para salir del "embrollo" hay que "trasladar el escenario de los juzgados a la política".
