El Gobierno vasco está dispuesto a "tomar la iniciativa y asumir riesgos unilateralmente" para "desbloquear" el final de la violencia de ETA y se ofrece a "coliderar un esfuerzo internacional en materia de desarme si es para su carpetazo definitivo". En cualquier caso, el Ejecutivo de Íñigo Urkullu no participará "en operaciones (de entrega de armas) diseñadas para su comunicación o dosificación a plazos", precisó el secretario para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, en la presentación del informe sobre el desarrollo del Plan de Paz en la fase final de la legislatura.
Vitoria ve "progresos en la normalización de la convivencia", pero alerta de "bloqueos en cuanto al final ordenado de la violencia" en tres puntos: desarme, política penitenciaria y "reflexión crítica del pasado". Y advierte de que la "acentuación de las pugnas partidarias" y el "bloqueo" de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento vasco "han neutralizado las posibilidades de construir consensos" sobre este tema.
