El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, se defendió ayer de los delitos que se le imputan por la convocatoria y celebración del proceso participativo del 9-N negando que ese día actuara fuera de la ley: "Legalmente no desobedecí. Políticamente hubo una rebelión democrática: pusimos las urnas".

En una entrevista en la radio pública catalana, el mandatario avanzó un punto de la estrategia con la que comparecerá el próximo día 15 ante el juez que instruye la querella presentada contra él a finales de noviembre del año pasado por orden del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Mas dirá al juez que, después de sustituir la consulta inicialmente programada "por una cosa que llamamos proceso de participación" y de que éste también fuera recurrido y suspendido por el Tribunal Constitucional, se preguntó "qué había que suspender exactamente y el Tribunal Constitucional no nos respondió". Y "como no respondieron, no nos frenamos".

"El 9-N fue un gran acto de plantarse ante el Estado con una rebelión democrática. Me confieso democráticamente rebelde por no dejarnos poner las urnas", sentenció el presidente catalán, que no quiso comentar el hecho de que su interrogatorio coincida con el 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. "No tengo vocación de mártir ni de héroe. Intento ser un modesto servidor de este país".

Eso sí, el mandatario culpó a un Gobierno "rabioso, torpe, incapaz de dialogar y herido en su orgullo" de que se haya llegado a esta situación, y le acusó de presionar a la Fiscalía del Estado hasta que consiguió que los fiscales catalanes aceptaran presentar la querella.

Mas advirtió de que una consecuencia que puede tener su imputación es que Cataluña termine llegando a la conclusión de que no le interesa el actual "ordenamiento jurídico y decida cambiar de marco", en alusión a la independencia.

Después, el "número cuatro" de la lista de Junts pel Sí rebatió con dos argumentos la frontal oposición de la CUP a prestarle sus votos en la sesión de investidura. En primer lugar, haciendo valer que su candidatura obtuvo el respaldo de 1,6 millones de votos, mientras que la de los anticapitalistas cosechó 300.000.

Mas mostró su disgusto con que la CUP le considere el presidente de los recortes: "No admito que seamos el Govern de los recortes. Somos el Govern que administró los recortes que nos impuso Madrid". Y presumió de que durante sus mandatos la Generalitat desobedeciera sistemáticamente los límites de déficit impuestos por el ministro Montoro. Y remató su perfil díscolo preguntándole a los antisistema: "¿Qué mayor desobediencia que el 9-N?".

"No se ha llegado hasta aquí para estropearlo todo", advirtió a la CUP. Y agregó: no puede darse "ni el más mínimo margen para el desacuerdo". Pero los anticapitalistas rechazaron las presiones y su diputado Quim Arrufat le espetó a Mas: "La oferta que hará la CUP tiene mucho más recorrido que seguir girando en torno a un president y sus fans. Así que calma con los hooligans".

Entre tanto, las entidades soberanistas anunciaron que promoverán acciones conjuntas de protesta por la citación de Mas, que la Fiscalía Superior de Cataluña dijo en un comunicado que hubiera sido "poco sensato" enviar en plena campaña electoral, coincidiendo con el argumento esgrimido por el ministro de Justicia.