La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha interpretado este martes como un "juicio político" que la convocatoria de la consulta del 9N haya llevado a imputar al presidente de la Generalitat, Artur Mas; la ya exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
Lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern, después de las imputaciones por parte del TSJC tras la investigación de varias querellas admitidas a finales de 2014 contra Mas, Ortega y Rigau; entre ellas, una de la Fiscalía Superior de Catalunya --por orden de la Fiscalía General del Estado-- que le acusaba de desobedecer "abiertamente" al Tribunal Constitucional (TC).
Munté ve "instrumentalización política" en la querella que "presentó la Fiscalía General del Estado, contra el parecer de los fiscales catalanes", y también Manos Limpias. La también portavoz de la Generalitat ha afirmado que "no se ha hecho nada ilegal" y ha manifestado el total apoyo y solidaridad del Govern con los tres imputados.
Ve una "auténtica anomalía democrática" que atribuye a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno central por querellarse contra quien puso las urnas para que la gente opinara sobre el futuro de Cataluña, ha defendido.
Ha acusado de "cinismo" al Gobierno central por afirmar que la citación se produce ahora para no interferir en el proceso electoral del 27S, y ha criticado que, si fuera sincero, lo que debería hacer el Ejecutivo de Rajoy es expresar su satisfacción por la imputación de Mas. "La presión sobre la Fiscalía --por parte de Gobierno-- no ha parado en ningún momento, tampoco a lo largo de la campaña electoral. No ha habido respeto por ninguna fecha y por ningún periodo electoral", ha lamentado.
Mas tendrá que declarar ante el TSJC el 15 de octubre y Munté no ha querido polemizar sobre que la fecha coincida con el 75 aniversario del fusilamiento de su antecesor Lluís Companys: "No podemos pensar otra cosa que no sea que es una coincidencia".
El Govern asegura que la imputación no tendrá "ninguna afectación" en la constitución del nuevo Parlament ni al aplicar la hoja de ruta soberanista que Junts pel sí ha llevado a las elecciones autonómicas y que ahora busca pactar con la CUP.
Aún no hay fecha para la constitución del Parlament, algo que es prerrogativa del presidente en funciones, Artur Mas: la fecha límite para constituirse es el 26 de octubre y la fecha límite para celebrar el primer pleno de investidura es el 9 de noviembre, precisamente el primer aniversario del proceso participativo.
El portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en el Congreso, Pere Macías, ha considerado hoy que detrás de la citación judicial del presidente Artur Mas, dos días después del 27S, hay una persecución política para descabalgar a quien ha ganado en las urnas.
Macías, en declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, se refería así a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de citar a declarar como imputado a Mas el próximo 15 de octubre por convocar la consulta alternativa del 9N, tras la que ha denunciado que las instituciones del Estado "no gozan de buena calidad democrática".
"Cuando se quiere descabalgar a alguien que ha ganado en las urnas por estos procedimientos no suena a democracia de calidad", ha dicho Macías que considera que después de las elecciones catalanes del domingo lo que debería haber ocurrido es que se hubiera citado a Mas a "dialogar sobre el conflicto entre Cataluña y España" en lugar de que le cite un tribunal de Justicia.
El portavoz de Convergencia ha criticado la politización de la Justicia y ha defendido la convocatoria de la consulta no vinculante del 9N del pasado año, en la que pudieron participar -ha recordado- dos millones y medio de ciudadanos que expresaron su opinión "libre, democrática y cívicamente" y que, en su opinión, ahora tendrían que ser también imputados con Mas.
Oriol Junqueras
Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que la imputación de Mas por el 9N es "la mejor demostración" de por qué Cataluña debe ser un país independiente.
"La pertenencia a España es inviable", ha concluido el líder republicano en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, y ha lamentado que la imputación se filtrara días atrás en los medios, ya que lo ve una falta de pulcritud.
Junqueras también ha afirmado que le parecería "monstruoso" que alguien hubiera escogido el 15 de octubre como fecha para que declare el presidente para hacerlo coincidir con el 75 aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys.
Por su parte, el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez ha expresado su solidaridad con el presidente en funciones de la Generalitat, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ante un Estado "inquisitorial" tras ser imputados por la consulta del 9N.
"Incontestablemente y en pie, mi solidaridad entera ante un Estado neurótico, demofóbico, autoritario e inquisitorial", ha manifestado en un mensaje en su perfil de Twitter.
