El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la Ley de la Agencia Tributaria de Cataluña al haber admitido a trámite el recurso que presentó contra ella el Gobierno, basado en que la norma catalana integra a funcionarios estatales destinados en Cataluña en cuerpos dependientes de la Generalitat.
El artículo 4 de la ley impugnada prevé la "integración voluntaria" de estos funcionarios, ahora dependientes de la Agencia Tributaria, en los cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión de la Generalidad de Cataluña.
Vulnera derechos
El Gobierno considera que ese precepto vulnera el derecho de los ciudadanos de toda España al acceso en condiciones de igualdad a la función pública, previsto en la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. La decisión del alto tribunal no prejuzga su dictamen, sino que suspende durante cinco meses la norma impugnada, en tanto resuelve sobre el fondo del asunto.
El Gobierno argumenta que la ley vulnera el derecho fundamental "por el que los ciudadanos de toda la nación tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes".
Asimismo, prosigue, se vulnera el artículo 103.3 de la Constitución que establece el acceso a la función pública "de acuerdo con los principios de mérito y capacidad", así como los artículos 55 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público, "relativos al acceso al empleo público y la adquisición de la relación de servicio". El TC ha dictado una providencia en la que acuerda dar traslado del recurso al Congreso y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren.
La reacción del Govern de la Generalitat ha sido inmediata. Su vicepresidenta y portavoz, Neus Munté, denunció que la decisión del TC es una prueba más de la "asfixia" y la "recentralización constante" que aplica el Estado a la Generalitat.
Por otro lado, el pleno del TC también ha admitido a trámite un recurso del Ejecutivo contra el impuesto catalán sobre las comunicaciones electrónicas, que queda igualmente suspendido. El Gobierno considera en su recurso que la norma excede las competencias de la Generalitat catalana.
Respecto a esta segunda suspensión, Munté declaró que la previsión de recaudación anual ascendía a 20,5 millones de euros y hasta la fecha en la que se hace efectiva la suspensión, el 28 de julio, el volumen de recursos recaudados ascendía a 6,7 millones, que iban a destinarse al "sector audiovisual y cinematográfico catalán".
"Es muy lamentable que cada vez que el Govern toma una decisión para dar respuesta a una determinada problemática social o conseguir más recursos para destinarlos a políticas sociales responden siempre con suspensiones, negativas e impedimentos", denunció la vicepresidenta catalana. Munté recordó que estas suspensiones se suman a otras como la del decreto sobre pobreza energética, la del impuesto sobre depósitos bancarios o la tasa sobre centrales nucleares.
