El PP, gracias a su mayoría absoluta, logró ayer, contra el criterio de toda la oposición, que la Junta de Portavoces del Congreso diese su visto bueno a la tramitación exprés de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC), pensada para que el Gobierno pueda actuar contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, si proclama la independencia de Cataluña. La reforma podría estar aprobada antes de fin de mes, en concreto el martes día 29.

La Junta de Portavoces acordó incluir en la sesión plenaria del próximo miércoles, día 16, y tras el debate de los Presupuestos, la toma en consideración de la proposición de ley del PP, que plantea modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para dotar a ese tribunal de potestad para hacer cumplir sus resoluciones y sancionar a aquellos cargos públicos que desoigan sus sentencias.

Los grupos de la oposición coincidieron en denunciar el "abuso" hecho por el PP de su mayoría absoluta para acelerar la reforma, al tiempo que el PSOE, a través de su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, anunció que recurrirá la medida ante el propio TC en cuanto sea aprobada por el Pleno.

Este anuncio no fue tomado en serio por el Gobierno, cuya vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró convencida de que si el PSOE vuelve al Gobierno no derogará la reforma del TC.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, mostró su sorpresa, disgusto y preocupación por la posición de los socialistas, a quienes reprochó su coincidencia en un asunto "capital" con un partido como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que quiere "romper España".

Este impulso a la reforma del TC se produjo el mismo día en el que el Rey presidió la apertura del nuevo año judicial, donde el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, pronunció un discurso en el que, entre otras cuestiones, se refirió sin citarlo al proceso soberanista catalán, para afirmar que "al margen de la Ley" no hay libertad ni tampoco democracia, solo "espejismos" y, en definitiva, "frustración". Para Lesmes, la "ruptura unilateral" de los valores de convivencia fraguados entre todos desde el consenso, supone traspasar los límites de la "honestidad democrática", consustancial al Estado de Derecho.

En el acto intervino la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, quien insistió en que "todas las instancias deberían procurar dejar a la Fiscalía fuera de la contienda política".

"Pido y exijo que desde ningún ámbito político se instrumentalice nuestra institución, planteando como denuncias cuestiones que deberían quedar ubicadas dentro de las lindes del debate político o electoral", reclamó. La fiscal defendió en particular a los fiscales Anticorrupción y advirtió que asistimos al "injusto cuestionamiento" de su trabajo.