El considerado como número dos de la trama Gürtel, el pontevedrés Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP en Galicia, negó ayer que las empresas del grupo Correa maniobrasen para amañar concursos o realizasen regalos a altos cargos de la Administración autonómica, pero reconoció que se fraccionaron facturas por indicación de la Generalitat.

Crespo, para quien la Fiscalía reclama una pena de once años y medio de prisión por cohecho y tráfico de influencias, hizo estas afirmaciones durante su declaración como imputado en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por los contratos de la Generalitat para Fitur.

A preguntas de la fiscal sobre supuestos casos de fraccionamiento de facturas a través de varias firmas del grupo Correa, Crespo afirmó que, si se hizo de este modo, fue porque "alguien de la entidad pagadora", en este caso la Administración valenciana, lo indicaría así.

Por el contrario, negó que las firmas adjudicatarias de contratos públicos hicieran regalos a los altos cargos del Consell y al ser preguntado por un reloj que, según consta en la documentación incautada, pudo haber sido regalado a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, afirmó que "era para la esposa de Álvaro Pérez o de Francisco Correa".

Posteriormente, a preguntas de la defensa de Milagrosa Martínez, Crespo indicó que es "perfectamente posible" que Pérez dijese que los relojes eran para otras personas y realmente fuesen para él, porque "era un amante casi obsesivo de la relojería y los artículos de lujo".

Según su testimonio, "jamás" se produjeron contactos de ningún tipo entre el personal de las empresas del grupo Correa y la Administración valenciana para favorecer adjudicaciones o amañar concursos.

Afirmó que siempre fue "escrupuloso" en este sentido y que no le consta que nadie de su entorno lo hiciese de forma directa o indirecta.

Preguntado por el motivo por el cual tuvo en su poder los pliegos de condiciones para el concurso de Fitur 2005 en octubre de 2004, antes de que se publicasen, Crespo respondió que no recuerda cómo obtuvo esa documentación y que probablemente Ignacio Blanch, Álvaro Pérez o Mónica Magariños acudiesen a recogerla a la Agencia Valenciana de Turismo.

"El documento carecía de importancia, porque el concurso ya debía estar anulado; quizá alguien nos lo dio", añadió Crespo, quien apuntó que las anotaciones realizadas en tal documentación, relativas a incrementos presupuestarios, entre otros asuntos, se debieron a "un estudio del pliego".

La presidenta de la sala y del TSJCV, Pilar de la Oliva, le ha preguntado a quién -dentro de la Agencia Valenciana de Turismo- se remitían los presupuestos por trabajos extraordinarios en Fitur, a lo que Crespo respondió que no lo sabe.

También afirmó que mantuvo contacto con altos cargos del PP valenciano, como Ricardo Costa o David Serra, porque el partido "era la mejor cuenta, la mejor fuente de ingresos" de una de las empresas del grupo Correa, Orange Market.

En este sentido, indicó que no vio nunca al expresident Francisco Camps ni al exvicepresidente Vicente Rambla, y que a las exconselleras de Turismo imputadas (Milagrosa Martínez y Angélica Such) las conoció en la sala, y ambas, a su juicio, "son unas auténticas damas".