El Gobierno de la Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, destituyó a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, imputada por el caso que investiga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla.
El vicepresidente andaluz Manuel Jiménez Barrios explicó que la Junta dejará sin cubrir este puesto, a la espera del resultado de las comparecencias judiciales, señaladas por la jueza para el 17 de septiembre. En su opinión, el auto de imputación se centra en cuestiones concretas de la adjudicación, como los suelos con derechos mineros, la valoración de la oferta económica de la empresa adjudicataria o el plan de aguas.
El número dos de la Junta negó que la destitución responda a una exigencia de Ciudadanos, partido que apoyó la investidura de Susana Díaz tras un acuerdo que incluía el cese de todo alto cargo imputado, y ha asegurado que esta exigencia es un compromiso anterior del PSOE "con la ciudadanía".
"Trato de favor"
La imputación de Asensio y de letrados e interventores de la Junta de Andalucía se produce tras la denuncia de Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso internacional para adjudicar la exploración de esta mina, resuelto por la Junta de Andalucía el 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo México, formada por la empresa cordobesa Magtel y la multinacional minera mexicana. Emerita sostiene que en esta adjudicación hubo un trato de favor de la Junta en la valoración de la oferta.
La reapertura de esta mina fue criticada por asociaciones ecologistas y por científicos que advierten del peligro que supone para Doñana, porque se ubica en la cabecera del río Guadiamar, uno de los principales aportes de agua a este espacio protegido y cuyo cauce sufrió en 1998 el mayor desastre ambiental al ser arrasado por una riada tóxica de metales pesados causada por la rotura de la balsa.
El PP afirmó que el "caso Aznalcóllar" es la "punta del iceberg del gran escándalo" del Gobierno de Susana Díaz. Para Albert Rivera, de Ciudadanos, "este cese demuestra que el pacto anticorrupción se está cumpliendo". Podemos consideró que lo sucedido obedece a la "incapacidad" de Susana Díaz para gestionar desde la "transparencia".
