Artur Mas firmó anoche el decreto de convocatoria de los comicios catalanes del 27 de septiembre, y lo hizo con una intervención en la que reprochó al Gobierno central haber precipitado estos comicios por no haber permitido una consulta "legal y acordada". El inicio de la campaña electoral coincidirá con la celebración de la Diada, el 11 de septiembre.

Para evitar su impugnación, en el texto se evita hacer referencia al carácter plebiscitario de unos comicios que, no obstante, según avisó el presidente de la Generalitat, serán "diferentes en el fondo" y una "fecha señalada en la historia" de Cataluña. En una declaración institucional tras la firma del decreto, el mandatario autonómico tampoco aclaró cuál es el apoyo electoral que él y sus socios consideran necesario para decidirse a proclamar la independencia.

Mas dijo que el decreto es similar al de anteriores convocatorias y sigue el marco legal vigente, pero remarcó que las elecciones serán muy diferentes en el fondo y no se celebran cuando corresponde -en 2016- porque "Cataluña no vive en condiciones normales". Con la firma del texto, Mas cumple el compromiso adquirido el 14 de enero con ERC y las entidades soberanistas de llamar a las urnas para el 27 de septiembre, justo un año después de que firmase el decreto de convocatoria de la consulta sobre la autodeterminación, un decreto que fue impugnado y suspendido y que acabó con un 9-N alternativo.

El presidente de la Generalitat argumentó que Cataluña vive una situación anormal porque a una mayoría se le niega el derecho a decidir "impidiendo el diálogo y la negociación y, por tanto, el acuerdo y el pacto", una situación excepcional que, dijo, requiere de decisiones excepcionales como el adelanto electoral.

Según Mas, la negativa del Gobierno de Rajoy a autorizar una consulta en Cataluña fundamenta y justifica la convocatoria del 27-S, y destacó que él ya avisó hace dos años de que estaba dispuesto a jugar esta carta si "el Estado quería silenciar la voz y voto del pueblo".

Aunque en todo el discurso no pronunció la palabra "plebiscito", sí remarcó que las elecciones son consecuencia de la "necesidad de responder a un anhelo democrático". "Somos una nación milenaria que tiene derecho a decidir su futuro, una nación de personas libres que se ha ganado el derecho a decidir cómo quiere ser", dijo Mas, quien vaticinó que a partir de ahora la democracia debe ser la protagonista y apuntó que los catalanes pueden hacer del 27-S una fecha señalada en la historia.

El mandatario animó a todas las fuerzas a presentar sus propuestas y proyectos, así como a "respetar todo lo que los ciudadanos decidan y aceptar el compromiso de asumir vías políticas y legales para implementar el mandato democrático".

"Asumamos la responsabilidad y el protagonismo que el momento pide y hagámonos dignos de él", concluyó. Mas firmó el decreto en el salón Mare de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat y ante la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; la vicepresidenta del Govern, Neus Munté; el consejero de la Presidencia, Francesc Homs; la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario del Govern, Jordi Baiget, encargado de leer en voz alta el decreto ordinario y que, para esquivar una impugnación del Gobierno, evita cualquier referencia al carácter plebiscitario que quieren imprimir a las elecciones, por lo que se trata de un texto muy similar al de convocatorias anteriores.

La firma se retrasó hasta las 21 horas para no dar pie a una posible reacción del Gobierno central que llevase al presidente Rajoy a convocar por sorpresa las elecciones generales. Con los del 27-S serán tres los comicios autonómicos celebrados en Cataluña en los últimos cinco años -Mas llegó a la Presidencia en 2010 en sustitución de José Montilla (PSC)-, y, si la hoja de ruta pactada por los soberanistas prospera, en 18 meses los catalanes volverán a ser llamados a las urnas.

Sigue sin aclararse si, para considerar que se ha impuesto el 'sí' o el 'no', hay que fijarse en los votos o en los escaños, ya que el sistema electoral podría generar un resultado en el que las fuerzas que defienden la independencia obtuvieran más de la mitad de los diputados sin la mitad de los sufragios.