La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, endosó ayer a Esperanza Aguirre la decisión de hacer dimitir a los dos consejeros que han sido llamados a declarar como imputados en el marco de la investigación de la red de corrupción Púnica: Salvador Victoria y Lucía Figar. Además, el juez del caso, Eloy Velasco, imputó ayer también a los diputados del PP en la Asamblea madrileña Mario Utrilla y José Miguel Moreno, así como al consejero de la región de Murcia Juan Carlos Ruiz.
Cifuentes dejó claro que el mandatario en funciones, Ignacio González, y la presidenta del PP de la comunidad y "número uno" de la lista a la Alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre, son quienes deben decidir si Victoria y Figar deben renunciar. La exdelegada del Gobierno admitió que la imputación de los dos altos cargos del Ejecutivo madrileño es una "noticia muy mala", pero ante la cual no le corresponde a ella tomar decisiones. "Mi responsabilidad se tiene que circunscribir a aquella lista electoral que yo encabezo y al grupo de diputados que yo lidero", puntualizó Cifuentes. "Cualquier" caso de corrupción es "terrible" y perjudica a toda la ciudadanía, y "me da igual que afecte a Tania Sánchez o a Salvador Victoria", aseguró.
Y para evitar que pareciera que se estaba desmarcaba del problema, añadió que los casos de corrupción "no ayudan" a que la ciudadanía recupere la "confianza" en los partidos, y pidió que la Justicia actúe "de la manera más rápida posible". La candidata del PP afirmó que ella y sus colegas están en política "por vocación" de servicio público y para "servir al ciudadano y no para servirse de él".
El juez que investiga la red Púnica ha citado para el día 11 a Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid) además de diputado autonómico; para el 18 a Moreno, diputado y exalcalde de Valdemoro; para el día 22 a Ruiz; para el 26 a Victoria, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, y a Figar, consejera de Educación.
El instructor les cita por delitos de corrupción dentro de sus investigaciones sobre una trama de corrupción municipal y regional que buscaba el pago de comisiones ilegales. Uno de sus cabecillas sería el exconsejero madrileño Francisco Granados, en prisión provisional.
En una comparecencia en enero, Victoria negó "de manera tajante" haber ordenado al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones José Martínez Nicolás pagar 10.000 euros al considerado "facilitador" de contratos de la trama, Alejandro de Pedro. El pago podría corresponderse con trabajos hechos por el empresario para mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico, extremo que Victoria desmintió.
Según Victoria, De Pedro realizaba, a través de un contrato público, un seguimiento de las informaciones publicadas en las redes sociales y en los medios digitales sobre la Comunidad de Madrid, que por "tensiones de tesorería" dejaron de abonarse desde el mes de mayo de 2014.
