La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, imputó ayer por prevaricación y malversación de caudales públicos a once jefes de Servicio de Formación de la Junta de Andalucía y los ha citado a declarar entre los días 9 y 12.
Todos ellos "omitieron iniciar y continuar los expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones pendientes de justificar", subrayó la juez.
